Tegucigalpa, Honduras.
Como parte de la socialización de una serie de reformas que requiere el Poder Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández llegó ayer hasta el Congreso Nacional a exponer las necesidades de fortalecer la políticas de seguridad del país.
El paquete de reformas penales abarca ocho leyes como el Código Penal, el Procesal Penal, Inteligencia Nacional, el Sistema Nacional Penitenciario, entre otras, y van enfocadas en tipificar el delito de extorsión como terrorismo, además del acceso a comunicaciones privadas con orden de un juez y la restricción de actos violentos que causen terror en la población.
“Me reuní con miembros del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad buscando el fortalecimiento y efectividad de política de seguridad”, dijo escuetamente Hernández al salir de la reunión en su cuenta oficial de Twitter.
Pliego de peticiones
En la reunión participó el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, y los jefes de bancadas, así como la Comisión de Seguridad que dirige el diputado Tomás Zambrano, el que explicó que el pliego de peticiones está orientado al fortalecimiento de la seguridad contra la extorsión y maras y pandillas.
“Existe una reforma a la Ley de Centros Penitenciarios, clasificación de los privados de libertad y una revisión al sistema de la preliberación”, explicó Zambrano.
Participaron también en la socialización de las reformas el secretario de Seguridad, Julián Pachecho, y el subsecretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya. “Hemos avanzado en tres años en el combate de extorsión, sicariato y narcotráfico. También en el manejo de centros penales, y es por eso que se están solicitando estos ajustes al Código Penal. También se busca dar seguridad a los elementos que trabajan en busca de la paz”, expresó Pacheco. Díaz Zelaya señaló que la realidad de Honduras ha cambiado y se deben practicar las reformas.
El diputado Rasel Tomé, de Libertad y Refundación (Libre), miembro de la comisión que dictamina el proyecto, indicó que el Ejecutivo y el Partido Nacional siguen con la antigua concepción de que la mano dura llevan a la reducción de la criminalidad.
“En Honduras necesitamos tomar decisiones en las causas y no en los efectos o consecuencias del delito. No son parches los que se necesitan, es una reforma estructural”, puntualizó Tomé.
Como parte de la socialización de una serie de reformas que requiere el Poder Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández llegó ayer hasta el Congreso Nacional a exponer las necesidades de fortalecer la políticas de seguridad del país.
El paquete de reformas penales abarca ocho leyes como el Código Penal, el Procesal Penal, Inteligencia Nacional, el Sistema Nacional Penitenciario, entre otras, y van enfocadas en tipificar el delito de extorsión como terrorismo, además del acceso a comunicaciones privadas con orden de un juez y la restricción de actos violentos que causen terror en la población.
“Me reuní con miembros del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad buscando el fortalecimiento y efectividad de política de seguridad”, dijo escuetamente Hernández al salir de la reunión en su cuenta oficial de Twitter.
Pliego de peticiones
En la reunión participó el presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, y los jefes de bancadas, así como la Comisión de Seguridad que dirige el diputado Tomás Zambrano, el que explicó que el pliego de peticiones está orientado al fortalecimiento de la seguridad contra la extorsión y maras y pandillas.
“Existe una reforma a la Ley de Centros Penitenciarios, clasificación de los privados de libertad y una revisión al sistema de la preliberación”, explicó Zambrano.
Participaron también en la socialización de las reformas el secretario de Seguridad, Julián Pachecho, y el subsecretario de Defensa, Fredy Díaz Zelaya. “Hemos avanzado en tres años en el combate de extorsión, sicariato y narcotráfico. También en el manejo de centros penales, y es por eso que se están solicitando estos ajustes al Código Penal. También se busca dar seguridad a los elementos que trabajan en busca de la paz”, expresó Pacheco. Díaz Zelaya señaló que la realidad de Honduras ha cambiado y se deben practicar las reformas.
El diputado Rasel Tomé, de Libertad y Refundación (Libre), miembro de la comisión que dictamina el proyecto, indicó que el Ejecutivo y el Partido Nacional siguen con la antigua concepción de que la mano dura llevan a la reducción de la criminalidad.
“En Honduras necesitamos tomar decisiones en las causas y no en los efectos o consecuencias del delito. No son parches los que se necesitan, es una reforma estructural”, puntualizó Tomé.
