Tegucigalpa, Honduras.
El Poder Ejecutivo recibió ayer el decreto que reforma el Código Procesal Penal que devuelve la discrecionalidad a los jueces para otorgar medidas sustitutivas a la prisión en 21 delitos.
El decreto fue turnado al Ejecutivo en medio de la polémica creada ante el rechazo de sectores que ven la reforma como un retroceso y un mal mensaje en la lucha contra la corrupción en el país.
Incluso, el presidente Juan Orlando Hernández advirtió el martes que podría vetar la reforma si esta no obedece al criterio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Sobre este particular, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que como vicepresidente del Consejo explicará a Hernández en qué consiste la reforma.
Recordó que esta le devuelve a los jueces la discrecionalidad que les fue quitada en un momento donde no había responsabilidad en el otorgamiento de las medidas.
Expresó que esta reforma tiene como base una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Humanos de Ginebra, además del apoyo de la Comunidad Europea, la Cooperación Española y la institucionalidad hondureña.
Señaló que esta modificación es una medida oportuna para que se realice la revisión de algunos casos que tuvieron como resultado inmediato la sobrecarga de los penales.
Sectores
La aprobación de este decreto ha abierto la polémica entre sectores que consideran que esta disposición va con dedicatoria para proteger a los delincuentes de “cuello blanco”.
El diputado Mario Pérez, que presidió la comisión de dictamen, indicó que el Congreso Nacional espera conocer los razonamientos legales que exponga el Ejecutivo si veta ese decreto. De estos razonamientos se pueden extraer recomendaciones para poder hacer una mejor reforma, indicó.
Según el procedimiento parlamentario, el Congreso puede aceptar el veto o de lo contrario ratificar constitucionalmente la reforma y mandarla a publicar a La Gaceta. Pérez explicó que una salida salomónica a la controversia es que una vez que el juez de instrucción otorga una medida esta sea revisada por un tribunal de alzada, integrado por tres magistrados de la Corte de Apelaciones.
El Poder Ejecutivo recibió ayer el decreto que reforma el Código Procesal Penal que devuelve la discrecionalidad a los jueces para otorgar medidas sustitutivas a la prisión en 21 delitos.
El decreto fue turnado al Ejecutivo en medio de la polémica creada ante el rechazo de sectores que ven la reforma como un retroceso y un mal mensaje en la lucha contra la corrupción en el país.
Incluso, el presidente Juan Orlando Hernández advirtió el martes que podría vetar la reforma si esta no obedece al criterio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Sobre este particular, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que como vicepresidente del Consejo explicará a Hernández en qué consiste la reforma.
Recordó que esta le devuelve a los jueces la discrecionalidad que les fue quitada en un momento donde no había responsabilidad en el otorgamiento de las medidas.
Expresó que esta reforma tiene como base una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos Humanos de Ginebra, además del apoyo de la Comunidad Europea, la Cooperación Española y la institucionalidad hondureña.
Señaló que esta modificación es una medida oportuna para que se realice la revisión de algunos casos que tuvieron como resultado inmediato la sobrecarga de los penales.
Sectores
La aprobación de este decreto ha abierto la polémica entre sectores que consideran que esta disposición va con dedicatoria para proteger a los delincuentes de “cuello blanco”.
El diputado Mario Pérez, que presidió la comisión de dictamen, indicó que el Congreso Nacional espera conocer los razonamientos legales que exponga el Ejecutivo si veta ese decreto. De estos razonamientos se pueden extraer recomendaciones para poder hacer una mejor reforma, indicó.
Según el procedimiento parlamentario, el Congreso puede aceptar el veto o de lo contrario ratificar constitucionalmente la reforma y mandarla a publicar a La Gaceta. Pérez explicó que una salida salomónica a la controversia es que una vez que el juez de instrucción otorga una medida esta sea revisada por un tribunal de alzada, integrado por tres magistrados de la Corte de Apelaciones.
