Tegucigalpa, Honduras
Este lunes, el juez Plinio Consuegra compareció en una audiencia de descargo. Él llevó el expediente correspondiente a la audiencia inicial contra el general en condición de retiro, Romeo Vásquez Velásquez, junto a otros dos exjerarcas militares, quienes enfrentan acusaciones por el asesinato del hondureño Isy Obed Murillo.
Sandra Rodríguez, titular de la Supervisión de Tribunales, se refirió a la investigación del juez Plinio Consuegra, y aseguró que no buscan cuestionar las medidas cautelares tomadas en el proceso, sino "asegurar el respeto al debido proceso, las garantías judiciales y la administración de justicia conforme a la ley".
"Nuestras investigaciones no cuestionan la decisión sobre el otorgamiento de medidas cautelares. Revisamos que se respete el debido proceso y las garantías judiciales, asegurando que la administración de justicia se haga únicamente conforme a la Constitución y las leyes", destacó Rodríguez.
Desde el inicio de la investigación, en enero, la funcionaria señaló que se trata de un proceso transparente que busca recobrar la confianza en el Poder Judicial.
"Esto no es persecución, ni se cuestionan las medidas cautelares, sino que es una acción que busca recuperar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial", declaró.
El juez, en la audiencia inicial contra los generales retirados, les dictó medidas cautelares distintas a la prisión, que fueron revocadas recientemente por una Corte de Apelaciones. Los generales Roberto Puerto Fúnez y Venancio Cervantes regresaron a la cárcel; sin embargo, Vásquez Velásquez se encuentra prófugo.
Reacciona el juez
El juez Plinio Consuegra manifestó que estas acciones solo son un "intento de despido injustificado". Durante la audiencia de descargo, el togado defendió su actuación y la de su equipo en el caso que involucra a los exmilitares, resaltando que su actuación fue legal y justa en todo momento.
"Mi pecado ha sido llevar el expediente del general Romeo Vásquez. Todos los jueces de lo penal teníamos temor por ese caso", aseguró Consuegra. Recordó que nunca antes fue denunciado por actos irregulares durante su trayectoria judicial de 18 años, salvo en dos ocasiones por actos administrativos, de las cuales salió sin culpa.
Consuegra argumentó que las acusaciones están basadas en el supuesto "acto contrario a la administración de justicia", de acuerdo con el artículo 54 de la Ley de la Carrera Judicial.
Defendió su trabajo, enfatizando que durante la audiencia inicial contra los exjerarcas militares, "se desarrolló en orden, cada testigo rindió su declaración de manera oportuna, y nunca actué con imprudencia". Advirtió sobre el peligro que enfrenta la independencia judicial en Honduras.
"El caso de los jueces no es un caso aislado. Hay 284 jueces en la misma situación, algunos incluso en condiciones peores", sostuvo.
La decisión del arresto domiciliario
En cuanto a la decisión de haber decretado arresto domiciliario para los tres exmilitares, Consuegra explicó que "el último recurso del juez debe ser la cárcel. No podemos tomar decisiones basadas en presunciones; todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario".
Aseguró que, de acuerdo con su interpretación de la ley, la medida de arresto domiciliario fue la más adecuada en ese momento, dada la falta de pruebas contundentes para una detención preventiva.
