Tegucigalpa. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro acordó con la Organización de Naciones Unidas (ONU) buscar los mecanismos para hacer reformas constitucionales en el ordenamiento jurídico y que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Cicih) pueda realizar la acción penal pública junto al Ministerio Público.
Esta reforma se estableció en el memorándum de entendimiento y será una tarea del Congreso Nacional que deberá contar con el apoyo de 86 diputados, puesto que las reformas constitucionales se hacen con mayoría calificada.
No obstante, gestar las reformas y que entren en vigencia se podría dar hasta 2024, explicó Odir Fernández, experto en derecho y penal y exjefe de la Unidad de Investigación del CNA.
“Si eventualmente se proponen reformas constitucionales hay que saber que aunque se den en 2023 no es que surtirán efecto el próximo año porque el proceso de reforma constitucional es diferente a la reforma de una ley ordinaria, la Constitución debe ser ratificada en una siguiente legislatura”, dijo.