A Honduras le restan siete años, en otras palabras, está contra reloj, para lograr que más de 10 millones de personas tengan acceso universal y equitativo al agua potable para 2030.
Desafortunadamente para los hondureños, ese propósito, el número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), está cuesta arriba porque los Gobiernos de la última década (administración central y municipalidades) no invirtieron en la infraestructura necesaria.
El Estado se comprometió a cumplir para 2030 los 17 ODS adoptados en 2015 por Naciones Unidas; pero, en este momento, las cifras evidencian que el agua no figuró como prioridad en las agendas oficiales.
Una encuesta realizada recientemente en América Latina por CID Gallup demuestra que en Honduras solo el 39% de la población tiene siempre agua potable en sus casas. Este país y Guatemala son los que se encuentran rezagados frente a Costa Rica (82%) y Colombia (74%).
De igual manera, la última versión del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento (Planasa) 2022-2030 demuestra que, entre 2014 y 2020, los líderes que dirigieron el país no cumplieron todas las metas.
Hasta 2020, de 35 indicadores del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Planasa, cumplieron el 34% (12), incumplieron el 54% (19) y dejaron el 12% (4) en suspenso, pues, por falta de información, no ha sido evaluado ese porcentaje, de acuerdo con el plan actualizado este año por el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (Conasa).
Henry Gudiel, director en Honduras de la organización internacional Water For People, le dijo a Diario LA PRENSA que en Honduras “hay entre un 15% y 20% de personas que no tienen una conexión de agua potable en su casa, y las personas que tienen una conexión no todas tienen un servicio continuo y de calidad”.
“En el país, del 100% de personas que tienen una conexión, solamente alrededor el 20% tienen agua de manera continua y de calidad. Eso es en el área urbana. En el área rural baja a 14%”, explicó Gudiel.
Water For People es una de las organizaciones que ayudan a los municipios a acceder a agua de calidad y de manera continua proveyendo la infraestructura de los proyectos.
En alianza con entidades del Gobierno central y autoridades locales, esta organización desarrolla sistemas en tres municipios de Cortés, en seis de Intibucá y en todo el departamento de La Paz.
Gudiel explicó que las comunidades difícilmente, por sí solas, pueden acceder al agua, dado a la alta inversión que demandan los proyectos.
Este año ejecuta un proyecto (una parte nueva y otra reconstruida) para 146 viviendas de dos comunidades de San Antonio Cortés, que costará L2.5 millones.Water For People aportará el 70%; la municipalidad un poco más de 25%, y el resto, los habitantes.
En áreas rurales y suburbanas, donde no hay disponibilidad de fuentes superficiales, instalar un sistema para 100 viviendas cuesta por lo menos L3,000,000: la perforación de un pozo, entre L250,000 y L450,000; un tanque de almacenamiento, L1.9 millones, y la tubería, unos L300,000, según cifras obtenidas por LA PRENSA de empresas relacionadas con el asunto.
TEGUCIGALPA
El Sanaa, entidad pública, es el operador que menos cobertura tiene y menos horas diarias (inferior a 5) de agua ofrece.
Las entidades que operan el servicio funcionan dentro de uno de siete modelos (centralizado, municipal directo, concesión, empresa mixta, unidad municipal desconcentrada, unidad mancomunada municipal desconcentrada y gestión comunitaria), que generan una gama de resultados.
Los operadores de Puerto Cortés y Jesús de Otoro se destacan por suministrar el agua de 20 a 24 horas diarias, según el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (Ersaps).
De 71 ciudades monitoreadas, San Pedro Sula sobresale por tener alrededor del 75% abastecido por la empresa concesionaria Aguas de San Pedro. Con el Sanaa, Tegucigalpa está en una pésima situación: solo el 44%.
