La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad informó este viernes que la Comisión Interventora de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) concluyó la fase de evaluación técnica, administrativa y operativa.
Durante el proceso de análisis, se identificaron presuntos hallazgos relacionados con faltas administrativas y posibles responsabilidades penales dentro de la institución.
A través del comunicado SEDS N.59-2026, las autoridades detallaron que se detectaron irregularidades atribuidas a directivos de la Dipampco relacionadas con el manejo de operaciones y procedimientos institucionales.
Entre los hallazgos señalados figura la presunta inobservancia de protocolos institucionales para el registro y control de operaciones, así como posibles actos de negligencia o encubrimiento por parte del equipo directivo en torno a una misión en la que murieron cinco policías.
El informe también menciona una supuesta omisión en la evaluación de riesgos operacionales y en la adopción de medidas de seguridad y coordinación previa antes del desarrollo de dicha operación.
Asimismo, la Secretaría de Seguridad indicó que existía una falta al deber de informar oportunamente a los mandos superiores de la Policía Nacional sobre el cumplimiento de la misión.
Respecto al equipo operativo que participó en el procedimiento investigado, el informe establece que no contaban con una orden judicial para ejecutar el allanamiento realizado, ni se cumplieron los supuestos procesales requeridos para efectuarlo sin autorización judicial.
Además, las autoridades señalaron que tampoco se construyó el formato requerido para autorizar este tipo de operaciones, ni se coordinó acompañamiento con autoridades policiales destacadas en la zona donde se desarrolló el operativo.
El comunicado agrega que informes reservados indican que nunca existió la intención de realizar una operación en el departamento de Colón, ya que desde el inicio el equipo policial se habría dirigido hacia el sector de Corinto, Omoa, en el departamento de Cortés.
En cuanto al funcionamiento interno de la Dipampco, la Comisión Interventora identificó presuntas malas prácticas procedimentales relacionadas con el manejo de informantes, la administración de información, la conducción de operaciones y procesos administrativos.
La Secretaría de Seguridad también informó que fueron documentadas denuncias sobre actuaciones irregulares de miembros de la Dipampco durante el Estado de Excepción implementadas por el gobierno anterior.
Entre las instituciones que habrían emitido señalamientos figuran el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).
Tras los hallazgos presentados por la Comisión Interventora, la Secretaría de Seguridad notificó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia que decidió proceder con el cierre definitivo de la Dipampco y trasladar sus funciones, servicios y recursos a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La nueva División Antiextorsión
Por otro lado, las autoridades de la Secretaría de Seguridad confirmaron la designación de Jorge Daniel Molina como director de la nueva División Antiextorsión , una unidad especializada que estará adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y que entrará en operaciones a partir de este viernes 29 de mayo de 2026.
La División Antiextorsión funcionará como una unidad especializada dentro de la DPI, con el objetivo de dar continuidad a los trabajos de investigación y fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de delitos tras la desaparición operativa de la Dipampco .
