La declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Protección Social todavía no se está aplicando en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).Por esa razón, los servicios de atención todavía no han sufrido un impacto negativo.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos, declaró el pasado 5 de abril inconstitucionalidad total, por razón de contenido y forma, el decreto 056-2015 contentivo de la Ley Marco del Sistema de Protección Social.
Se buscó a las autoridades ejecutivas de la institución para abordar el impacto que está sufriendo el instituto debido a esa determinación del Poder Judicial hace dos meses, pero no se obtuvo una respuesta. Sin embargo, una fuente jurídica de la institución informó que todavía no se ha aplicado ese decreto de inconstitucionalidad.
Lo anterior se debe a que no ha sido publicada en La Gaceta y porque iba a ser turnada a una comisión especial en el Congreso Nacional para que emitiera un dictamen final sobre la ley.
Los gremios de la salud y obreros catalogaron como una victoria la declaración de inconstitucionalidad de esa normativa porque aseguran que atentaba contra la salud pública y el sistema unitario de seguridad social.
No obstante, con esa determinación no existe un marco legal para la cobertura para los adolescentes entre 11 y 18 años, hijos de afiliados al IHSS. Esto representa que más de 324 mil menores de edad ya no podrán ser atendidos.
Los niños en el Seguro Social, antes de que existiera la Ley Marco de Protección Social (2015), gozaban del beneficio de protección de salud hasta los 11 años.Pese a esa situación, el IHSS ha seguido brindando atención médica a los hijos de los afiliados.
El IHSS se rige por la la Ley del Seguro Social y el decreto No. 080-2001, que contiene sus reformas. Con esa normativa los hijos de los afiliados tienen una cobertura hasta los 11 años.
De igual forma, el Régimen de Previsión Social antes llamado Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) sufrirá un impacto que afectará las jubilaciones de los afiliados.
Como otra consecuencia, el IHSS dejará de percibir 1,600 millones de lempiras en este año y 2,000 millones de lempiras el próximo año.
Por su parte, German Leitzelar, exmiembro de la Comisión Interventora del IHSS, explicó que fue una sentencia errónea que emitió la CSJ declarando una inconstitucionalidad inexistente.
“Tiene que ser trasladada al Congreso Nacional y notificada por las vías oficiales correspondientes para que por mandato constitucional el Congreso de la República debe de publicar esa sentencia de inconstitucionalidad”, señaló Leitzelar.
Añadió que hasta que esté publicada en La Gaceta la sentencia de inconstitucionalidad surgirá sus efectos, según lo manda la ley.
“Por tanto, en este momento, está generando la incertidumbre tanto a las autoridades como a los obligados, especialmente, el caso de los empleadores; las instituciones autónomas y privadas de servicio social como lo es el RAP se miran en una incertidumbre ante la deficiencia de no cumplir con los procesos que manda la ley”, consideró.
Asimismo, dijo que una corrección de forma era correcta, pero no destruir una institucionalidad jurídica de esa ley que lo único que generaba eran beneficios.
También, detalló que cuando se elaboró esa ley se determinó que la deuda histórica con el IHSS era de 3,000 millones de lempiras y se definió un mecanismo para que se pagara, lo cual queda ahora en el aire.
En manos del Congreso la publicación en La Gaceta
La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Seguridad Social todavía no ha sido publicada en el diario oficial La Gaceta.
Hace tres meses, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia expulsó del marco jurídico hondureño esta normativa, pero aún se mantiene en vigor, por lo que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúa aplicándola.
El Poder Judicial informó que en el mismo momento que se declaró inconstitucional esta legislación, remitió al Congreso Nacional la sentencia para su publicación.
Esta remisión se produjo una vez que la polémica normativa adquirió el carácter de firme para que proceda a la publicación en La Gaceta.
Sin embargo, la sentencia se mantiene engavetada en el escritorio de Luis Redondo.De acuerdo con el fallo judicial emitido por los jueces hace tres meses, esta legislación atropella y lacera los derechos de los afiliados al Seguro Social. Además, privatiza algunos servicios que brinda la institución.