Un total de 30 bienes inmuebles, ocho sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros fueron asegurados e incautados al ex presidente Juan Orlando Hernández, a quien los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedieron el pasado 28 de marzo la extradición a los Estados Unidos.
Luego que un juez de Letras de Privación de Dominio de Bienes de origen Ilícitos decretara ayer la medida de aseguramiento e incautación solicitada por el Ministerio Público (MP); agentes de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico procedieron hacer el aseguramiento de los bienes del ex mandatario, quien es acusado en Estados Unidos por cargos relacionados al narcotráfico.
El Ministerio Público realizó una investigación financiera y patrimonial del ex presidente, que además incluyó a su núcleo familiar, Los bienes que fueron asegurados no solo están a nombre del ex mandatario, de acuerdo a los oficios que el Poder Judicial envió al Instituto de la Propiedad (IP), figuran como titulares de los inmuebles unas 11 personas más, incluyendo a su esposa, hermanos y otros familiares.
Aseguramiento
El operativo arrancó a eso de las 8:00 am, en los departamentos de Lempira, Olancho y Francisco Morazán.
En Tegucigalpa fueron asegurados tres bienes, entre ellos, una propiedad en la colonia Alameda, a nombre de Juan Orlando Hernández y cuatro familiares, incluido su hermano Juan Antonio Hernández. También se aseguró un propiedad en la colonia Hato de Enmedio y en Villas Palmeras; ambos bienes dados como dación de pago a una institución bancaria desde el pasado 23 de marzo.
En Juticalpa la Fiscalía aseguró una propiedad a nombre de Ana Rosalinda y Julia Marina García Carías adquirida en 1994, además de otra propiedad ubicada en San Francisco del Corral, la cual también fue dada como dación de pago a la misma institución bancaria.
“Los bienes que fueron otorgados en dación de pago también tienen medidas, se ha solicitado el aseguramiento y el juez lo autorizó”, informó el vocero del MP, Yuri Mora.
Agregó que parte de la investigación que realizan es determinar si hay bienes del ex presidente en el exterior. La mayor parte del operativo se realizó en la ciudad natal de Hernández, en Gracias, Lempira; allí fueron 25 bienes los asegurados, entre ellos, viviendas donde residen una de sus hermanas y su madre ubicada en la avenida Juan Lindo en el centro histórico de la ciudad, además del Hotel Posada de Don Juan y el restaurante El Mesón de Juan, los cuales gozan de renombre en la pequeña ciudad.
En la comunidad de Villa Verde, donde el ex mandatario vivió muchos años, también se aseguraron inmuebles. Se aseguraron 16 vehículos, entre los cuales figuran, siete motocicletas, vehículos estilo Jeep, un camión, una camioneta de lujo, entre otros.
Los bienes pasarán a ser administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) por un período de 12 meses, el cual se puede prorrogar 12 meses más.
El director de la Institución, Jorge Alberto González, indicó que tras la operación los bienes fueron puestos a la orden de la Oficina. González dio a conocer que “lo que pasará es que la administración del hotel Posada Don Juan pasa al mando de la OABI y toda decisión que se tomen tiene que contar con la respuesta de la OABI, no se pueden tomar decisiones sin que lo sepa la oficina, eso manda la ley y se va a cumplir”, dijo.
Sobre los bienes asegurados nos se puede hacer traspasos a terceros, dio a conocer el director del IP, Darío García, “Como IP podemos prohibir que se haga algún tipo de transacción sobre estos bienes inmuebles, ya no se pueden traspasar por ningún medio”, dijo.
Eso significa que la esposa , hijos y demás familiares podrán seguir habitando la residencia sin ningún problema, pero no pueden ser vendidas, regaladas o alquiladas, explicó el abogado penalista Germán Licona.
El aseguramiento dura 12 meses, durante ese tiempo, el Ministerio Público podrá solicitar al Juzgado iniciar un juicio de extinción de dominio.
Si en dicho plazo no se solicita, las medidas de aseguramiento serán revocadas, lo que significa que los bienes regresarán a los dueños; sin embargo, si el proceso avanza, se realizará un juicio y de comprobarse que los bienes fueron obtenidos de manera ilícita, el juez puede fallar a favor del Estado y los bienes pasarán al mismo.