Los hondureños amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) enfrentan la posibilidad de quedar fuera del sistema legal migratorio estadounidense.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, describió con crudeza el clima de desesperación que embarga a miles de compatriotas.
“Aquí estamos en una angustia que no sabemos qué hacer, ya que ni el Gobierno de Honduras supo gestionar o anunciarnos algo, estamos a tres días de que finalice el Estatus de Protección Temporal y no hay respuesta”. Explicó que, debido a los sistemas de verificación, los empleadores ya han comenzado a recibir alertas sobre permisos de trabajo vencidos.
“Las empresas no se van a exponer a multas o a que les cancelen por tener contratada a gente ilegal. Entonces, si no hay un documento oficial que confirme una extensión, los hondureños no podrán seguir trabajando legalmente desde el lunes”, advirtió.
La ley migratoria INA-244 establece que el secretario de Seguridad Nacional debe pronunciarse al menos 60 días antes del vencimiento, extendiendo o cancelando el TPS. Pero al no haber ningún anuncio oficial hasta ahora, todo queda a discreción de la autoridad estadounidense
.“Se espera una prórroga de seis meses, pero nada es seguro. No hizo las suficientes gestiones para garantizar nuestra estabilidad”. Para Flores, el riesgo es doble: por un lado, la vida legal de miles de hondureños pende de un hilo, y por otro, existe la percepción de que Honduras es un país seguro.
“La secretaria Noem aquí en Florida dijo que Honduras está contento por los retornos. ¿Cómo vamos a estar contentos si la gente se está yendo por necesidad? Incluso firmaron el acuerdo como tercer país seguro, lo cual contradice totalmente lo que establece el TPS”, describió
Este jueves, Flores viajará a Washington en un intento de última hora por obtener respuestas directas. “Vamos a viajar porque el viernes es feriado en Estados Unidos. El jueves es el único día hábil para obtener claridad sobre si habrá o no extensión”, dijo.
Además, confirmó que ha sido invitado al Congreso el próximo martes, donde se presentará un nuevo proyecto de ley de reforma migratoria. “Aquí nadie está preparado para quedarse sin TPS. Nos enfrentamos a un limbo legal y laboral. Y lo más triste es que ni siquiera tenemos certeza de si el gobierno de Honduras hizo su parte”.
Lucha permanente de la comunidad migrante en Estados Unidos
Teófilo Martínez, de la Alianza Nacional del TPS, resume ocho años de lucha ininterrumpida por la permanencia legal de miles de hondureños en Estados Unidos.
“Nunca el gobierno de Honduras ha tenido injerencia o participación con nosotros. Lo que hemos logrado ha sido por nuestro propio esfuerzo, sin ayuda de ninguna autoridad”, dijo.
A su juicio, ni las visitas de funcionarios hondureños a Estados Unidos ni los acercamientos con autoridades estadounidenses han tenido resultados visibles o efectivos para proteger a la comunidad tepesiana.
Según Martínez, la incertidumbre actual responde también a una estrategia de silencio por parte del gobierno de Estados Unidos. “La decisión sobre el futuro del TPS debió anunciarse el 5 de mayo, pero el presidente ha optado por callar. Ya lo ha hecho con otros países. Pueden cancelar el programa de un día para otro, sin aviso”, advirtió.
En ese escenario, la comunidad espera una extensión automática, aunque, como enfatiza, eso no es un triunfo, sino una advertencia disfrazada. “Es como decirte que tienes seis meses para hacer maletas y regresar a tu país”, agregó Martínez.
La Alianza Nacional ha trabajado desde todos los frentes con lobby legislativo, campañas de llamadas, movilización distrital y cabildeo en el Congreso.
La organización intensificó su activismo mediante lobby legislativo, llamadas, movilización distrital y cabildeo en el Congreso. Celebraron la reintroducción del Secure Act, respaldado por más de 30 senadores y 18 congresistas, atribuyendo su avance a la presión ciudadana, no a gestiones diplomáticas.
