El deplorable estado del zoológico Joya Grande en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, incautado al cartel de los Cachiros en 2013, refleja la deficiente gestión de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
Los actos de corrupción cometidos en años anteriores por los ahora exfuncionarios de la Oabi, creada en 2003, ahora tienen graves consecuencias para la institución.
Según un reporte de la administración de la Oabi, al 30 de abril de 2024, la oficina tiene bajo su custodia 2,223 bienes inmuebles, es decir, edificios, casas y haciendas, entre otros. En cuanto a bienes muebles, se contabilizan 4,286, entre automóviles, aviones, lanchas y otros.
Sin embargo, la mayoría de estos bienes, incautados a grupos criminales y de lavado de activos, se encuentran bajo comiso mientras un Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito resuelve si son devueltos a sus propietarios o pasan al Estado.
Aunque algunos están arrendados, otros en proceso de subasta y algunos donados, existe preocupación de que la Oabi siga sumida en una mala administración y responsabilizan al Poder Ejecutivo.
" Encontramos cualquier cantidad de bienes muebles e inmuebles abandonados. "
La Oabi es dependiente de la Secretaría de la Presidencia.
“Hay que culpar a quienes están detrás de la administración de la Oabi. Recordemos que aquí hay una alta responsabilidad del Ejecutivo”, opinó Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Aunque Castañeda responsabilizó al Poder Ejecutivo y a quienes dirigen la Oabi, dijo que hay dos elementos por los cuales las gestiones son reprobadas: “La falta de presupuesto. Si no hay presupuesto para enfrentar la administración, la acusación, la custodia y el cuidado de bienes, entonces, obviamente, esto va a ser un desastre”. Lamentó que “ningún gobierno ha tenido la voluntad ni la buena disposición de fortalecer esta oficina”. “Ni juntas interventoras ni directores han podido ejercer un cambio positivo”, añadió.
Crisis
La Oabi se vio frágil al no tener capacidad ni para pagar la nómina mensual del zoológico Joya Grande, que es de 400,000 lempiras, además de L1.3 millones destinados a la alimentación de los exóticos animales.
Según los registros hasta 2023, los arrendatarios de bienes asegurados deben a la Oabi un poco más de 125,610,385.79 de lempiras, más los impuestos de servicios públicos y bienes inmuebles, pues muchos fueron abandonados. A esto se le suma que anualmente esta Oficina tiene un ínfimo presupuesto de 9.8 millones de lempiras.
“La manera en que se pierden los bienes incautados en el país es producto de la falta de otras instancias como veedores sociales. Por eso se abre la puerta para que la corrupción entre a esta oficina”, opinó Castañeda.
" Se debe traspasar a un banco y que el banco lo maneje como un fideicomiso, sino hay capacidad. "
De los 4,286 bienes muebles que la Oabi administra, 1,131 están disponibles, 1,155 están en uso provisional, 603 han sido devueltos, 921 fueron subastados o vendidos y 18 donados. También hay 197 bienes arrendados, 135 en proceso de subasta, mientras que cuatro fueron declarados en pérdidas totales.
En cuanto a bienes inmuebles como casas, apartamentos y haciendas, hay 405 arrendados, 258 fueron devueltos, 42 vendidos y 1 fue donado. Un total de cinco están en proceso de subasta, depuradas hay 146, en proceso de arrendamiento son 29 y disponibles 1,957.
“El gobierno tiene como incentivo hacer negocios con los bienes incautados. Ha habido experiencias en las que funcionarios se llevaban pertenencias como muebles, cuadros y refrigeradores antes de que los militares tomaran el control previo”, exteriorizó el analista Léster Ramírez.
En el informe de auditoría de 2023 se revela que un secretario general de la Oabi se quedó con una camioneta Land Rover blindada, cuyo precio en el mercado era de un millón de lempiras y fue subvaluada en 582,250.00 lempiras.
La camioneta fue subastada el 20 de enero de 2021, autorizando la venta el mismo secretario general y el director de la Oabi en ese año. El cheque de caja de 50,000 lempiras de la garantía de participación fue debitado de una cuenta del mismo funcionario.
Hugo Suazo, expresidente de la comisión que intervino la Oabi entre 2023-2024, dijo que el principal problema es la burocracia y la falta de presupuesto. “La Oabi tiene capacidad de administrar, lo que pasa es que no es culpa de este gobierno, sino de los gobiernos pasados”, justificó Suazo.
Expertos coincidieron en que la Oabi se debe fortalecer con presupuesto, personas capacitadas y una nueva ley. No obstante, la comisión interventora recomendó una reestructuración y liquidación de la oficina.
