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Pleno decidirá el juicio de la exprimera dama Rosa Elena de Lobo

  • 13 agosto 2020 /

Determinación pondrá fin al traspiés interno que ocurrió con el nombramiento de los cuatro jueces.

    TEGUCIGALPA.

    El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra con relación a la designación de los jueces elegidos para conocer el nuevo juicio instruido contra Rosa Elena Bonilla, ex primera dama.

    Con la determinación de la Corte se le pondrá fin a una crisis interna surgida entre la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción y un grupo de jueces del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, que con base en argumentos legales consideran que su designación es ilegal.

    Tome nota
    El Poder Judicial valoró la nulidad de la sentencia condenatoria emitida por la Sala de lo Penal y ordenó en marzo repetir el juicio oral y público. Luego la defensa solicitó la revisión de medidas para la acusada por cumplir el término de prisión preventiva.

    De su lado, el tribunal de alzada considera que tiene todas las facultades jurídicas para hacer el nombramiento y que tampoco vulnera el principio de juez natural de los togados.

    El martes, los cuatro jueces José Anaím Orellana, Jocelyn Marie Fernández, Wendy Carolina Escobar y Walter Antonio Lara presentaron un escrito en el que señalaron que se inhiben de conocer el proceso mientras tanto la Corte Suprema no emita su pronunciamiento.

    El escrito está en manos de la Secretaría General de la Corte Suprema y será remitido al pleno para ser conocido en la próxima sesión. Hasta ahora no existe una fecha precisa en la que el pleno pueda reunirse y tomar una determinación.

    876
    días estuvo presa en la cárcel de mujeres Rosa de Lobo. En septiembre de 2019 fue condenada a 58 años de cárcel por delitos de corrupción.

    El director de Comunicaciones de la Corte, Melvin Duarte, descartó que durante esta semana se convoque a una sesión plenaria. Por ahora, Rosa Elena Bonilla y su ex secretario privado Saúl Escobar se defienden en libertad. Ellos son acusados de los delitos de fraude y apropiación indebida, ya que supuestamente desviaron más de 12 millones de lempiras de las arcas estatales.

    El Tribunal determinó que se les imponen las medidas de prohibición de salir del país y de concurrir a reuniones o lugares a los que asistan el resto de imputados, testigos, peritos y cualquier persona involucrada en el caso.