Hasta una facción de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), partidos políticos de oposición y juristas se sumaron al expreso llamado que le hacen diversos sectores de la sociedad al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que respete lo contemplado en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La aplicabilidad de este articulado, cuya constitucionalidad fue establecida con un sentencia de la Sala Constitucional, ratifica al fiscal general adjunto Daniel Sibrián, como el titular de la Fiscalía, mientras tanto el Congreso Nacional no elija a los sustitutos.
“Nos guste o no nos guste, las sentencias dirigen los casos y cuando están firmes no se puede hacer nada en contra de ellas”, explicó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
" Un llamado al Congreso a encontrar consensos y actuar en beneficio de los hondureños. "
“En este caso, esa sentencia fue publicada en Diario Oficial La Gaceta y al no declararla inconstitucional, mantiene y reafirma la constitucionalidad del precepto impugnado. Los fiscales deben seguir”, agregó.
Así como para los expertos constitucionales la Ley es clara y no puede ser atropellada ni por Redondo ni por el oficialismo, justamente desde la bancada de Libre se reconoció la constitucionalidad del artículo 80 del legislativo.
“La Sala de lo Constitucional ya emitió sentencia al respecto y los diputados debemos acatar, porque es el órgano competente que dilucida la equivocación que muchos teníamos, porque hemos escuchado a expertos constitucionalistas que dicen que las autoridades salientes no pueden continuar en sus cargos y otros (dicen) que sí pueden continuar”, explicó el oficialista Yháve Sabillón. Reconoció que “en el caso del Ministerio Público pues continúa el fiscal adjunto, Daniel Sibrián; “en eso no habría ningún problema”.
El Partido Liberal estableció que “los asesores de Redondo nuevamente lo llevan a equivocarse. La ley es clara, los funcionarios del Ministerio Público están obligados a permanecer en sus cargos hasta que se elijan sus sustitutos. La solución para elegir nuevas autoridades es y será el consenso entre todos los diputados, no la imposición por la fuerza”.
Sin convocatoria
Hoy se cumple una semana de retraso en la que el Ministerio Público desde el 1 de septiembre ya debió tener sus nuevos fiscales; sin embargo, en el Congreso ninguna de las fórmulas prospera, pero la nómina del Partido Salvador de Honduras tiene 74 votos y la de Libre 52.
El partido oficialista propone a fiscal general al abogado Johel Zelaya, y como fiscal adjunto a Marcio Cabañas.
La iniciativa del Partido Salvador de Honduras y los partidos Liberal y Nacional nomina a Cabañas como fiscal general del Estado y a la abogada Jenny Almendares como adjunta.
" En este tema estamos entrancados, porque muchos se están jugando la sobrevivencia. "
Pero no hay consensos en el Congreso Nacional, debido a la falta de convocatoria al diálogo por parte del oficialismo y Luis Redondo, aseguran diputados opositores.
Tras la incertidumbre que ha dejado los cuatro intentos fallidos de elección y la conformación de alianzas entre los partidos opositores, diputados denunciaron haber recibido amenazas e insultos por parte de personas afines a Libertad y Refundación (Libre).
Al término de la segunda semana los números siguen estáticos, Libre con 52 votos y la oposición con 74.
Exhortan a Luis Redondo a abstenerse de votar por conflicto de intereses
Tegucigalpa. En una acalorada discusión a través de redes sociales, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) Maribel Espinoza exhortó al titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, a abstenerse en la votación para la elección del fiscal general y del adjunto por conflictos de interés.
“Muy de acuerdo en el sentido de que ningún diputado que tenga ‘conflicto de interés’ por estar siendo investigado pueda votar. Esa regla también se le aplica al presidente del CN que está siendo investigado por varios delitos”, señaló Espinoza.
El debate se suscitó después que el exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, llamara a los diputados que mantienen procesos pendientes con el Ministerio Público a no votar en el proceso de elección.
