La Fiscalía Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público requirió al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Benjamín Valerio Ardón, remitir de forma urgente documentación certificada relacionada con la investigación por la entrega tardía de material electoral durante las elecciones primarias de 2025.
La solicitud está contenida en el oficio 242-2026, fechado el 18 de mayo de 2026, en el que la Fiscalía pidió copia certificada de la documentación de soporte y descargo del expediente No. 1332/372, vinculado con las rutas 1 y 5 del Distrito Central.
El requerimiento forma parte de las diligencias por una denuncia relacionada con “Otros Delitos Electorales” en perjuicio de la Constitución de la República, según el documento fiscal.
Además de la documentación, el Ministerio Público solicitó a Valerio Ardón informar cuáles fueron las sanciones aplicadas a cada uno de los investigados por la entrega tardía del material electoral, si dichas sanciones fueron cumplidas o impugnadas, y cuál fue la resolución en caso de haberse presentado recursos.
La Fiscalía también pidió detallar el procedimiento que siguen las Fuerzas Armadas una vez emitidas recomendaciones de sanciones de índole militar.
El requerimiento se fundamenta en el artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y en el artículo 147 del Código Procesal Penal, relacionado con el deber de colaborar con las investigaciones.
Investigaciones internas
Tras los incidentes registrados el 9 de marzo de 2025, la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y la Inspectoría General del Ejército abrieron investigaciones separadas sobre la distribución del material electoral.
Según información conocida por este medio, uno de los informes responsabilizó al general Nahún Canales Cruz, entonces comandante del Comando de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas, y recomendó relevarlo como supervisor de la distribución de los materiales electorales.
Otra investigación, elaborada por la Inspectoría General del Ejército, señaló a Nicolás Edulfo Serrano Benítez, comandante del Comando de Operaciones Especiales, y Alan Barahona Rosales, entonces comandante del Primer Batallón, quienes tenían responsabilidades en la distribución del material electoral en Francisco Morazán y el Distrito Central, respectivamente.
De acuerdo con fuentes militares citadas en la publicación, el informe también recomendó relevar a los dos coroneles y someter a tribunal de honor a Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona, ambos tenientes.
Las fuentes indicaron que estos oficiales aparecían en videos y fotografías relacionados con la retención de autobuses y maletas electorales en varios puntos de la capital.
Señalamientos por presunto sabotaje
Fuentes militares consultadas sostienen que, tras esas investigaciones, se habrían incorporado otros elementos al informe, entre ellos la impresión tardía de papeletas, retrasos en el proceso de maquilación, ausencia de custodios electorales, falta de personal civil para cargar maletas y el cambio de camiones a autobuses de ruta.
Una de las fuentes cuestionó esas incorporaciones y aseguró que algunas de esas explicaciones no reflejan lo ocurrido durante la distribución del material electoral.
En medio de esos señalamientos, oficiales críticos de la actual línea de mando también han mencionado a otros mandos militares como presuntos responsables de entorpecer el proceso electoral.
El caso continúa bajo investigación del Ministerio Público, que ahora busca establecer qué acciones disciplinarias adoptaron las Fuerzas Armadas, si fueron cumplidas y si hubo impugnaciones dentro del procedimiento militar.
Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.
