El juez que ordenó la liberación de sospechosos del asesinato de una fémina en Santa Rosa de Copán, rindió esta mañana, su primera declaración ante la Supervisión General del Poder Judicial, ente que emprendió una investigación de oficio al funcionario judicial.
Rafael Rivera, juez de letras, rindió su declaración ante la supervisión general del Poder Judicial, luego que se cuestionara su actuar como servidor judicial al dictar sobreseimiento provisional a favor de Melvin Jesús Izaguirre Escobar (de 36) y Julio César López Mejía (de 37), quienes fueron capturados por la Policía Nacional como sospechosos de asesinar a Ruth Sarahí Zepeda Mejía.
Larissa Barahona, supervisora adjunta del Poder Judicial informó que “estamos haciendo las averiguaciones pertinentes para determinar si existe alguna falta administrativa disciplinaria del funcionario judicial para imponer alguna sanción en caso que se declare con mérito o sin mérito la denuncia que se ha investigado de oficio en este caso”.
La supervisora adjunta se trasladó hacia Santa Rosa de Copán desde ayer para indagar el actuar del funcionario judicial en mención.
Al ser consultada sobre la colaboración del juez Rafael Rivera, la supervisora adjunta afirmó que “todos somos parte del Poder Judicial y tenemos la obligación de colaborar con este tipo de investigaciones y todo se está llevando bien con el servidor judicial. Es una cuestión interna disciplinaria del Poder Judicial. Las sanciones ya están contempladas en la carrera del Poder Judicial”.
El juez Rafael Rivera dictó sobreseimiento provisional a los sospechosos luego de la realización de la audiencia inicial, lo que causó inconformidad en los entes de la persecución penal como el Ministerio Público y la Policía Nacional, ya que según informaron, “se presentaron 8 medios de prueba contundentes” en el caso.
El ministro de Seguridad Gustavo Sánchez afirmó que la Policía Nacional a través de la Dirección Policial de Investigación (DPI) ofreció pruebas de balística, ropa usada por los presuntos asesinos, un video de cámara de seguridad que captó el momento del crimen, armas con las que supuestamente se perpetró el asesinato, dictámenes forenses, entre otros indicios que “implican a las dos personas en el crimen”.
“Vamos a investigar las actuaciones en torno a esto porque a pesar que los jueces tengan independencia, presentamos ocho medios de prueba contundentes y nos sorprende que los hayan puesto en libertad” reclamó el secretario de Estado.
“Tenemos la constancia de documentos remitidos y vamos a remitir un informe a inspectoría de los tribunales para que se deduzcan las responsabilidades del caso” añadió.
El juez de letras que conoció el caso, Rafael Rivera, dijo a medios de comunicación que “siempre hay juicios anticipados por la opinión popular, los casos se resuelven con los medios de prueba que se presenten en la audiencia respectiva”.
“La carga de la prueba corresponde al Ministerio Público. El video que circula en redes sociales, no lo presentan” refirió y agregó que sólo se presentaron “fotografías borrosas”.
Otro aspecto que refirió el togado fue el de “los casquillos que levantó la policía en la escena del crimen son de una Smith & Wesson, distintos a los calibres de las armas que le fueron encontradas y que por ello se les dictó auto de formal procesamiento por las armas que no tienen permiso”.
Ruth Sarahí Zepeda Mejía fue asesinada la noche del 3 de enero en barrio Dolores de Santa Rosa de Copán. El crimen quedó grabado en cámaras de videovigilancia y sólo una hora después, la Policía Nacional registró la detención de los supuestos homicidas.
