La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se presentó esta tarde del martes a la movilización que convocó en el marco de la elección del fiscal general y adjunto de Honduras, en Tegucigalpa.
"No queremos que nadie nos robe el derecho a vivir en paz. Queremos un Estado transparente, sin la corrupción de las alianzas público-privadas. Queremos un país donde prevalezca la justicia social y el derecho. Como jefa de Estado, como comandante de las Fuerzas Armadas y de la Policía, y presidenta de la República, apenas a un año y medio de Gobierno, para defender el orden constitucional, el cual se encuentra nuevamente amenazado", comenzó diciendo
"El Congreso Nacional está obligado a elegir en las fechas ordenadas las autoridades del Ministerio Público", extendió la mandataria.
"No he perdido la esperanza en lograr consensos en el Congreso Nacional, a pesar que ellos tienen mayoría", continuó diciendo Castro, ante miles de miembros de la entidad política rojinegra.
"A pesar de nuestros esfuerzos de alcanzar la paz, a pesar de mi inmensa tolerancia de aguantar insultos inmerecidos en mi condición de mujer, me veo obligada a denunciar ante el mundo a denunciar la conspiración de las mafias del crimen organizado y el narcotráfico para derrocar a mi gobierno", añadió Castro.
Propuestas de las bancadas
Pese a la evidente falta de acuerdos, extraoficialmente se maneja que Libre presentaría una moción para que el fiscal general sea el abogado Johel Antonio Zelaya, y el adjunto, el profesional del derecho Marcio Cabañas Cadillo.
La propuesta del oficialismo sería apoyada por los 50 diputados de Libre y un grupo reducido de congresistas liberales, sin embargo, no alcanzaría los 86 votos necesarios (mayoría calificada) que se requieren para la elección.
Por otro lado, la oposición, principalmente, el Partido Nacional, propondría al abogado Marcio Cabañas como fiscal general y a la abogada Jenny Almendárez como fiscal adjunto, esta última fue la mejor evaluada por la Junta Proponente.
Nelson Márquez, diputado nacionalista, aseguró este martes que ya tienen lista la moción nominativa y que están en pláticas con el Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras (PSH) para presentarla en conjunto.
Una elección crucial
De acuerdo a la Constitución, el mandato de las actuales autoridades del Ministerio Público finaliza este 31 de agosto. Para el 1 de septiembre, ya deben estar electos tanto el fiscal general como el fiscal adjunto.
El actual fiscal, Óscar Fernando Chinchilla, cumplirá 10 años el próximo 31 de agosto al frente del Ministerio Público. En 2013 asumió el cargo por cinco años, luego de haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En 2018, fue reelecto en medio de una polémica elección, en la cual no formaba parte de los aspirantes. El mandato de Chinchilla ha sido cuestionado por su cercana relación con el extraditado expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022.
Diversos sectores de la sociedad demandan a la clase política hondureña no darle más largas a la elección del Fiscal General, ante la importancia que supone para el sistema de justicia en Honduras.
El nuevo Ministerio Público, según analistas, será crucial ante la intención del actual Gobierno de Xiomara Castro de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción (Cicih).
La mayor parte de la sociedad hondureña exige que el nuevo fiscal sea un profesional independiente, sin tintes políticos y que investigue la corrupción sistematizada en instituciones públicas del Estado.
Los partidos políticos, representados en el Poder Legislativo, se juegan mucho en dicha elección, ya que algunos miembros, entre diputados, exfuncionarios y funcionarios actuales, tienen procesos de investigación en el Ministerio Público y buscarán a toda costa evitar que se elija un fiscal sin compromisos políticos.
De acuerdo a la Constitución, el mandato de las actuales autoridades del Ministerio Público finaliza este 31 de agosto. Para el 1 de septiembre, ya deben estar electos tanto el fiscal general como el fiscal adjunto.
El actual fiscal, Óscar Fernando Chinchilla, cumplirá 10 años el próximo 31 de agosto al frente del Ministerio Público. En 2013 asumió el cargo por cinco años, luego de haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En 2018, fue reelecto en medio de una polémica elección, en la cual no formaba parte de los aspirantes. El mandato de Chinchilla ha sido cuestionado por su cercana relación con el extraditado expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022.
Diversos sectores de la sociedad demandan a la clase política hondureña no darle más largas a la elección del Fiscal General, ante la importancia que supone para el sistema de justicia en Honduras.
El nuevo Ministerio Público, según analistas, será crucial ante la intención del actual Gobierno de Xiomara Castro de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad y Corrupción (Cicih).
La mayor parte de la sociedad hondureña exige que el nuevo fiscal sea un profesional independiente, sin tintes políticos y que investigue la corrupción sistematizada en instituciones públicas del Estado.
Los partidos políticos, representados en el Poder Legislativo, se juegan mucho en dicha elección, ya que algunos miembros, entre diputados, exfuncionarios y funcionarios actuales, tienen procesos de investigación en el Ministerio Público y buscarán a toda costa evitar que se elija un fiscal sin compromisos políticos.
