El abogado Mario Urquía se presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de amparo en contra de la decisión de la Junta Proponente que lo excluyó del proceso de selección de candidatos a fiscal general y adjunto del Ministerio Público (MP).
“No solamente se me ha vulnerado mi derecho a optar a cargos públicos, también se ha vulnerado mi derecho al debido proceso y es importante que se actúe de conformidad a derecho”, argumento Urquía en su llegada al Poder Judicial.
Y añadió: “Es una injusticia, tiene que haber justicia en este plazo porque se han atropellado mis derechos”. Asimismo, pidió a la CSJ que admita dicho recurso en un lapso de 24 horas y posteriormente se notifique la resolución del mismo.
En el listado inicial, Mario Urquía era uno de los aspirantes favoritos del oficialismo, según analistas, ya que en el proceso de elección de magistrados de la CSJ fue el representante del partido Libertad y Refundación (Libre) y fue designado presidente de la Junta Nominadora.
Sin embargo, la exclusión de Urquía tomó por sorpresa al oficialismo y a otros sectores, siendo separado por la Junta Proponente en la etapa de tachas y denuncias.
El abogado Urquía ya había presentado un recurso de reposición, que fue declarado “sin lugar”, en el que solicitaba sustitutos nombrados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que conocieran la tacha y denuncia en su contra.
En caso de que la Sala Constitucional admita el recurso de amparo interpuesto este jueves por el profesional del derecho, el proceso para la selección de candidatos a fiscal general y adjunto se retrasará y prolongará el periodo en el cargo de Óscar Chinchilla.
Cabe recordar, que la Junta Proponente deberá enviar, a más tardar los primeros días de septiembre, un listado de cinco candidatos, de los cuales los 128 diputados deberán elegir a un fiscal general y un fiscal adjunto para el Ministerio Público.
Actualmente, la JP desarrolla la etapa de entrevistas con 13 candidatos, no obstante, la exclusión tanto de Urquía como de Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), mantiene en ascuas el proceso.
