Los primeros siete aspirantes a fiscal general y fiscal adjunto se sometieron a audiencias públicas en las que un miembro diferente de la Junta Proponente (JP) les realizó cinco preguntas.
Acciones
- El jefe de la Uferco, Luis Santos, ya fue notificado de su exclusión, pero aún no ha agotado la vía administrativa, por lo que le resta interponer su recurso de reposición. De ser declarada sin lugar su apelación, tiene la última opción del recurso de amparo.
- Mario Urquía ya fue notificado formalmente, sin embargo, este tampoco ha interpuesto ningún recurso en la Sala Constitucional, acción que el propio Urquía aludió que realizaría en caso de ser necesaria porque consideró injusta su expulsión.
Las interrogantes consistían en ética profesional, integridad personal y profesional, e idoneidad y conocimientos técnico jurídicos.
Los postulantes tuvieron cinco minutos para presentarse, dar a conocer sus generales, sus estudios realizados, títulos y demás méritos y sus recorridos profesionales.
El primero en ser entrevistado por los proponentes fue el abogado Marcio Cabañas Cadillo, fiscal en el Ministerio Público; le sucedió Johel Antonio Zelaya Álvarez, litigante privado, y luego siguió el también fiscal Kevin Alessandro Solórzano.
Más tarde fueron entrevistados Félix Antonio Coca Gonzales, Carlos Roberto Cálix Hernández, este último con recorrido en varios tribunales del Poder Judicial; Julio Vladimir Mendoza Vargas y el exfiscal Yuri Melara Berlioz.
Para hoy se espera que los otros seis candidatos puedan ser evacuados con la etapa de entrevistas públicas.
Dato
86 Votos deben obtener el candidato a fiscal general y fiscal adjunto para resultar electos en los cargos, los cuales deberán estar listos para el próximo septiembre.
Ante el manoseo político que se palpa en la elección de los fiscales, el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseveró que el trabajo de la Junta Proponente se debe respetar.
La nómina de cinco candidatos debe llegar el próximo martes al Congreso Nacional.
Los dos fiscales tendrán que ser electos con mayoría calificada, o sea, 86 votos a favor. De no haber acuerdos en la cámara legislativa, el período de los actuales fiscales se extendería hasta que sean electos los sucesores, según lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
