El acuerdo 3056-91, del 30 de octubre de 1991, ordenó declararla área protegida durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, donde se destaca que Islas del Cisne tiene un ecosistema acuático frágil y delicado, santuario de especies endémicas y migratorias, por lo que el Estado debe protegerlas y manejarlas de forma adecuada. En el artículo 1 se estableció que “la creación del Parque Nacional Marino en Islas del Cisne en Gracias a Dios, que comprenderá todas las islas, islotes y bajos en el área delimitada”, ofreciendo ahí mismo las coordenadas del lugar.
Luego de que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente confirmara que se aprobó la primera fase de la licencia ambiental para construir una cárcel en Islas del Cisne, diversos sectores refuerzan su teoría sobre el impacto ambiental negativo que dejará proyecto.
El archipiélago Islas del Cisne se encuentra a 250 kilómetros al noroeste de tierra firme, por lo que instituciones y sociedad civil han señalado las posibles secuelas ambientales, su viabilidad por los costos de construcción, entre otros.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) emitió una “alerta temprana”, en la que expresó su preocupación por el potencial riesgo de graves violaciones de derechos humanos ante la instalación de cárcel en esa zona.
“Estamos enfrentando una situación crítica que amenaza la integridad y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, declaró Blanca Izaguirre, titular del Conadeh.
A su vez, explicó que “el ecosistema de las Islas del Cisne es altamente vulnerable a fenómenos naturales como huracanes, lo cual podría poner en peligro la seguridad y dignidad de las personas privadas de libertad”.
Por su parte, el Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) determinó durante el fin de semana en una asamblea oponerse a la construcción de la cárcel en Islas del Cisne, en el Caribe hondureño.
2,000 reos de alta peligrosidad serían ingresados a la cárcel de máxima seguridad que el Gobierno pretende construir en la isla mayor del archipiélago.
“Todas las actividades humanas siempre tienen un impacto sobre la naturaleza y al construir una cárcel en un lugar tan alejado de tierra firme, que está rodeado de naturaleza, de arrecifes coralinos, tiene bosques, ecosistemas, obviamente traerá implicaciones ambientales graves sobre los ecosistemas que forman parte del archipiélago”, detalló la presidenta del CBH, Iliam Rivera.
Las Islas del Cisne es un área protegida y existe un artículo que la contempla como tal que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 1994, contrario a lo asegurado por el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, al anunciar la aprobación de una licencia ambiental.
La normativa que define a la isla como un área protegida es el decreto 128-94, publicado el 17 de octubre de 1994 (durante el gobierno del presidente Carlos Roberto Reina), en la edición número 24,477.
El decreto clasifica a Islas del Cisne como área protegida, por lo que en su artículo 1 establece que “otórgase al Parque Marino de las Islas del Cisne, el nombre de Parque Marino Abogado Agustín Córdoba Rodríguez”. Confirmando con su publicación en La Gaceta que Islas del Cisne ya era considerada como ecosistema protegido desde 1994.
El viernes pasado venció el término para que empresas interesadas en la construcción presentaran sus ofertas ante la Secretaría de Defensa. Se desconoce cuántas ofertaron.