La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron el auto de formal procesamiento y prisión preventiva en contra de tres de los sietes imputados en el caso Hospitales Móviles II.
Se trata del contador general de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Carlos Luis Guevara Mondragón, acusado de fraude a título de cooperador necesario.
Además, al asesor legal y administrador de contratos de Invest-H, Héctor Antonio Herrera Flores, por fraude a título de cooperador necesario.
También al representante legal de la empresa AG-Industria, Daniel Antonio Ardón, por fraude a título de cooperador necesario. La audiencia inicial de estas tres personas se desarrolló la noche de este miércoles 15 de noviembre.
Horas antes, a la extitular de la Secretaría de Finanzas, Rocío Isabel Tabora, se le decretó la medida de detención judicial también por su presunta participación en el megafraude de más de 47 millones de lempiras ($ 47,512,564.00) equivalente a casi 1200 millones de lempiras (L. 1,174,517,764.33) que representaron los Hospitales Móviles comprados durante la pandemia de COVID 19, luego de su arresto por parte de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el sector fronterizo de El Guasaule, frontera con Nicaragua.
Tábora fue enviada al módulo femenino de la cárcel de Támara después que un juez dictara detención judicial en su contra en audiencia de declaración de imputado.
Tres siguen prófugos
Otros coimputados, que se encuentran con un estatus de prófugos de la justicia, son: la extitular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores Ferrufino, por falsificación de documentos públicos, fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
Además, la exviceministra de Finanzas, Roxana Melania Rodríguez Alvarado, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios y la exempleada de Invest-H en el área de contrataciones y adquisiciones, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, por fraude a título de cooperador necesario y violación a los deberes de los funcionarios.
