Luego de negociar por más de una semana, caudillos políticos se pusieron de acuerdo para que el Congreso Nacional elija a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Los diputados tienen previsto retornar a sesiones la próxima semana de diciembre tras mantener inactivo al Poder Legislativo por más de 100 días.
En el paquete de negociaciones incluyen como carta de cambio del partido Libre la ratificación en su cargo del fiscal general interino del Ministerio Público, Johel Zelaya.
“El TSC, Unidad de Política Limpia y el Ministerio Público se discutirán como un solo paquete en la mesa de negociación, tengo entendido que la otra semana es muy probable que convoquen, no han dicho aún qué día”, explicó el diputado liberal Marlon Lara.
Juan Carlos Molina, presidente de la asociación de alcaldes nacionalistas, señaló que “necesitamos integrar todos los espacios de diálogo que genere el gobierno, no podemos pensar que vamos a dar la espalda, hay que ir a cualquier reunión y que la bancada pueda integrarse de lleno”.
Frente a las posturas adoptadas por nacionalistas y liberales de acceder a la mesa de negociación con Libre, Tomás Ramírez, subjefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), adelantó que como instituto político pedirán una representación dentro del TSC.
Al lograr consensos para la elección del Tribunal de Cuentas, las tres bancadas mayoritarias lograrán la suma de 115 votos, 50 de Libre, 22 liberales y 43 diputados nacionalistas, logrando sobrepasar las 86 marcas necesarias para la selección de los magistrados.
Las actuales autoridades del TSC vacaron en su cargo ayer y le corresponde al Congreso Nacional, en una votación de 86 diputados, elegir a los sustitutos.
Alice Shackelford, representante residente de Naciones Unidas en Honduras, envió un mensaje claro a los políticos de cara a la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La diplomática dijo que “esperamos que esta elección se haga en un contexto donde se presenta el multipartidismo del país, que sea en un contexto legal y constitucional. Que se haga bajo un principio participativo, consultativo y transparente donde se asegure a las personas más transparentes y profesionales”.
