Tegucigalpa, Honduras. Un total de 746 pasaportes diplomáticos y oficiales quedaron sin validez en Honduras luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional ordenara su revocación, como parte de un proceso de revisión de documentos especiales que, en algunos casos, habrían sido emitidos sin cumplir los requisitos legales.
La información fue confirmada por Gonzalo Padilla, secretario general de la Cancillería, quien explicó que la decisión responde a instrucciones de la canciller Mireya Agüero para depurar los registros y evitar que estos documentos continúen siendo utilizados por personas que ya no reúnen las condiciones para portarlos.
Del total de documentos cancelados, 558 corresponden a pasaportes diplomáticos y los otros 188 son oficiales. Padilla explicó que la revocación se ejecutó directamente en el sistema, por lo que los documentos incluidos en la medida ya no pueden utilizarse para viajar.
El funcionario también informó que la institución ha recibido voluntariamente 206 pasaportes que fueron devueltos por sus antiguos titulares. De esa cantidad, 129 eran diplomáticos y 77 oficiales, correspondientes a personas que concluyeron los cargos o las misiones que justificaron la entrega de esos documentos.
La revisión forma parte de las acciones impulsadas por la actual administración para establecer controles sobre la emisión, devolución y utilización de pasaportes especiales. En marzo de 2026, la Cancillería solicitó a exfuncionarios y antiguos servidores públicos que entregaran los documentos que ya no correspondían a sus responsabilidades, con fecha límite hasta el 31 de ese mes.
Otro paso en este proceso fue la publicación, el 15 de octubre de 2026, del Reglamento Especial de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales en el diario oficial La Gaceta, mediante el Acuerdo Ejecutivo 004-SG-2026.
La normativa establece que los pasaportes deben ser devueltos cuando sus titulares terminen sus funciones públicas o finalicen la misión oficial que motivó su expedición. Si no cumplen con esa obligación, la Cancillería está facultada para cancelar la validez del documento y notificar la decisión al Instituto Nacional de Migración.
El reglamento también establece otras causales para retirar estos documentos, entre ellas que hayan sido emitidos al margen de las disposiciones legales, que sus titulares les den un uso distinto al autorizado o que exista una sentencia condenatoria firme contra ellos en un proceso penal.
Además, la nueva regulación delimita qué funcionarios y personas pueden acceder a pasaportes diplomáticos y oficiales, así como los requisitos para extender este beneficio a determinados familiares y dependientes económicos.
Con estas disposiciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores busca que los pasaportes especiales estén relacionados exclusivamente con el desempeño de funciones públicas y el cumplimiento de misiones oficiales, y no permanezcan en manos de personas que ya no tienen una justificación legal para utilizarlos.
