¿Borrarse los tatuajes evitará capturas? Policía aclara situación en Honduras
Los miembros de maras y pandillas en Honduras buscan borrarse los tatuajes alusivos a esas organizaciones para evitar las investigaciones
- Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 10:01 -
La imposición de penas más severas, incluida la cadena perpetua para líderes de pandillas, y una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño marcan el endurecimiento de la política de seguridad de Honduras.
Una de las aristas que ha causado confusión y preocupación entre la población son los tatuajes. Autoridades han explicado que serán aquellos tatuajes alusivos a organizaciones criminales los considerados para detenciones.
La División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) revisa antecedentes penales, denuncias y registros laborales de cualquier sospechoso vinculado a maras y pandillas, sin importar si la persona ha intentado borrar o cubrir los tatuajes de estas organizaciones en su cuerpo.
Así lo confirmó la subinspectora Yanisa Moradel, portavoz de la entidad policial, quien subrayó en declaraciones a Choluvisión Canal 27 que alterar las marcas en la piel no detiene las indagaciones, incluso en el caso de ciudadanos que aseguran haber cumplido una condena o abandonado la vida delictiva.
Para ilustrar este protocolo, la oficial citó una captura efectuada en Nacaome, Valle, donde fueron detenidos dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Pandilla 18. Uno de los implicados, requerido por tráfico de drogas, llevaba tachados los símbolos de su agrupación en la cabeza, el pecho y cerca de un ojo.
"Se hacen las investigaciones correspondientes que van desde documentaciones, los antecedentes penales, los policiales, algún tipo de referencias, cartas laborales, ver si tiene denuncias en las estaciones policiales, algún tipo de cuentas pendientes por la justicia hondureña", puntualizó Moradel.
La vocera añadió que, con las reformas legales vigentes, las autoridades cuentan con mayores facultades de acción, a diferencia del marco anterior donde portar un tatuaje alusivo a una estructura criminal no resultaba suficiente para procesar a alguien por asociación ilícita si no existía una pesquisa paralela por otro delito.
Las reformas, impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que preside el mandatario hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, fueron aprobadas esta semana por el Parlamento y buscan ampliar las herramientas del Estado contra las pandillas o maras, integradas por unos 40.000 jóvenes y adultos que controlan algunas áreas mediante asesinatos, extorsiones y amenazas, según las autoridades.
La Mara Salvatrucha (MS-13) y la Barrio 18 son las principales organizaciones de este tipo en el país, donde operan desde hace más de tres décadas y están vinculadas a buena parte de los homicidios, que sumaron 2.629 en 2025, según cifras oficiales.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Juan Carlos Monge, dijo a EFE que «el Estado tiene la obligación de responder» a la demanda de seguridad, pero «tiene que hacerlo con las reglas adecuadas» y conforme a las normas nacionales e internacionales.
Monge defendió así una política integral que combine la persecución del delito con la prevención de la violencia y la atención de sus causas estructurales.
Las reformas al Código Penal establecen penas de 30 a 40 años para integrantes de pandillas y hasta prisión perpetua para sus líderes y financiadores. También, fijan condenas de ocho a diez años por atentados contra la autoridad, y prisión de por vida por asesinatos de funcionarios de justicia y seguridad relacionados con sus cargos.
El paquete contempla prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista, amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar ante un juez a detenidos por ese delito, narcotráfico, secuestro y extorsión, y crea una Fuerza Especial Penitenciaria. Además, establece controles biométricos y restricciones para los reclusos en módulos de máxima seguridad.
Estas medidas se suman a cuatro leyes del sistema de seguridad reformadas en septiembre pasado para reforzar el control penitenciario e impedir que las pandillas, declaradas «asociaciones terroristas», ordenen delitos desde las cárceles.
La estrategia hondureña incluye construir una cárcel de máxima seguridad para unos 1.300 presos de alta peligrosidad, inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, cuyas instalaciones visitó a mediados de octubre una delegación encabezada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano.
El Parlamento hondureño pidió a la Secretaría de Finanzas buscar financiación para la obra, mientras estudia posibles ubicaciones, entre ellas el complejo penitenciario de La Acequia, en el departamento de Santa Bárbara (oeste), cuyas obras comenzaron en 2013 y quedaron paralizadas en 2016.
