El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció en las últimas horas que el Gobierno de Xiomara Castro, mediante las disposiciones del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), pretende coartar el derecho a la protesta en Honduras.
En una publicación de redes sociales, el organismo de sociedad civil mencionó que la resolución del CNDS de castigar a quienes financien manifestaciones representa una amenaza.
“El amenazante CNDS pone en peligro las garantías constitucionales y derechos humanos establecidos en la Constitución de la República y en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José)”, señaló el CNA.
La entidad anticorrupción argumentó que el derecho a la protesta pacífica que tienen los ciudadanos hondureños está establecido en los artículos 70,78, 79, 81 y 89 de la Carta Magna.
Además, justificó que el Pacto de San José, en los artículos 13, 15, 16 y 22, garantiza el derecho a la libertad de pensamiento, expresión, reunión, asociación, circulación y residencia.
El CNA lamentó que en el Código Penal y Procesal hondureño existan artículos como el 587, 541, 378 y 378 A que criminalicen el derecho a la protesta pacífica.
”Los derechos que se pretenden coartar por el Gobierno responden a una trascendencia fundamental para el afianzamiento de la vida democrática y eso lo constituye en un interés imperativo que no puede ser abolido o disminuido mediante acciones injustificadas que emerjan del uso autoritario del poder”, concluyó.
El pronunciamiento del CNA surge luego de que el CNDS tomó la determinación de instruir investigaciones contra quienes promuevan protestas como la desarrollada durante la semana en Choluteca en contra de la polémica Ley de Justicia Tributaria.
