Como actos de intimidación y dictatorial en contra de la Constitución de la República, calificaron diversos sectores de la sociedad civil, políticos opositores y analistas la decisión de la presidenta Xiomara Castro y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), de investigar la manifestación de cientos de hondureños contra la Ley de Justicia Tributaria.
La determinación, de acuerdo con las fuentes consultadas, es una medida amenazante y propia de gobiernos dictatoriales como el de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
5 Claves
Políticas. Con base en la Ley, las atribuciones del Consejo de Defensa son: diseñar políticas públicas en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
Desempeño. Armonizar las acciones entre los distintos operadores en materia de seguridad, defensa e inteligencia para el mejor desempeño de sus funciones.
Inteligencia. Vigilar el funcionamiento y cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.
Nombramientos. Nombrar, suspender y sustituir al director nacional y director nacional adjunto de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia.
Estrategias. Elaborar las acciones estratégicas que en materia de inteligencia que sirvan para diseñar las políticas en materia de defensa y seguridad.
Calificaron la acción como un como un acto de intimidación y un claro atentado en contra de los derechos de los ciudadanos estipulados dentro de la Constitución, violentando el derecho a la protesta pacifica.
El diputado liberal Yury Sabas manifestó: “La ruta no es la de asustar a la gente sino la de construir. Libre es un partido que vino de la protesta en la calle al poder, entonces deben entender ese hecho”.
Maribel Espinoza, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), aseveró que “el derecho a la protesta social es un derecho humano que comporte la conjunción del derecho de libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y asociación”.
Respecto a la marcha en la zona sur, Yani Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), afirmó que “la marcha de Choluteca no fue violenta, hemos visto marchas de Libre peores, en donde se han quemado hasta embajadas, hoteles y universidades”.
El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, lamentó la decisión tomada por el CNDS, encabezado por la gobernante Castro.
“Lamentable manifestación la que ha vertido nuestra señora presidenta, a quien hemos admirado por esa lucha que ha hecho en las calles y que lo han hecho no en una forma pacífica los seguidores de ella”.
El empresario arguyó que cuando la presidenta se manifiesta “en contra de una manifestación pacífica, que no violenta los derechos de ninguna otra persona, nos preocupa sobremanera. Cuando escuchamos esa declaratoria solo pensamos en Nicaragua”.
“Rotundamente no. No existe tal injerencia política, no existe tal instigación por parte de los patronos; fue una marcha espontánea, solicitada justamente de manera ordenada a la Alcaldía Municipal de Choluteca”, aseveró Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras.
Para el abogado en derecho penal, Raúl Pineda Alvarado, la determinación tomada por la presidenta en el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa: “fue dramáticamente desafortunada, creo que quien le recomendó, que quien la asesoró sobre ese tema le hizo un daño al gobierno, daño a Libertad y Refundación y le hizo daño a la imagen de la presidenta”.
Desde la Secretaría de Seguridad, el ministro Ramón Sabillón, anunció el nombramiento de una comisión especial que investigará estos hechos, donde serán deducidas responsabilidades penales a los responsables.
“La presidenta ordenó el desalojo de las protestas sean de cualquier grupo, la aplicación de la ley será de forma general”, advirtió Sabillón.
