La deportación de niños estadounidenses con sus madres hondureñas que permanecían de manera ilegal en Estados Unidos, es seguido de cerca por el Gobierno de Honduras.
Así lo informó el vicecanciller de Honduras, Antonio García. La situación más reciente involucra a una madre hondureña y su hija de dos años, nacida en suelo estadounidense, que fueron retornadas a Honduras.
García explicó que la madre ha solicitado mantener en reserva los detalles de su caso, ya que cuenta con el apoyo de abogados norteamericanos.
El próximo 16 de mayo se llevará a cabo una audiencia en un tribunal de Estados Unidos para determinar si el traslado de su hija a Honduras fue una decisión tomada libremente o si ocurrió bajo presión.
"Puede ser que, según la administración de Estados Unidos, ella prefirió traérsela a dejarla allá con alguien o que no tenía con quién dejarla. Eso no se sabe", señaló el vicecanciller, quien subrayó que son cuestiones que el juez deberá esclarecer durante el proceso.
García añadió que este caso no es aislado. Al menos tres o cuatro menores de edad, nacidos en Estados Unidos, pero hijos de hondureños indocumentados, han sido deportados junto con sus padres en circunstancias similares.
Debido proceso de deportación
En cada caso, la explicación oficial ha sido que los padres expresaron su deseo de permanecer junto a sus hijos durante el proceso de deportación, según indicó el funcionario.
Sin embargo, el canciller subrayó la importancia de analizar cada situación de manera individual para determinar si dichas decisiones fueron tomadas de forma voluntaria o bajo algún tipo de presión.
"Queremos que se respete el debido proceso y siempre haya una revisión judicial para garantizar el respeto a los procedimientos y al Estado de derecho", enfatizó.
El Gobierno mantiene un registro de las familias deportadas. En el caso más reciente, se trata de una madre que llegó acompañada de dos niñas, una de ellas ciudadana estadounidense.
Por razones legales, las madres involucradas han optado por no brindar declaraciones públicas, siguiendo instrucciones de sus asesores legales.
"No quieren dar detalles a la prensa que puedan ser usados en su contra en la audiencia del 16 de mayo por el Departamento de Estado", explicó García.
Luego de esta audiencia y según sea de decisión que tome el juez, el gobierno se comprometió a dar la asistencia necesaria para que la familia retornen si este el caso o si así lo desean.
