“Les da miedo ir al supermercado, mandar los niños a la escuela; se ha visto el bajón”

Anita Menjívar tiene 21 años viviendo en Estados Unidos, y de embajadora cultural hondureña pasó a convertirse en la voz y guía de una comunidad de más de 3,000 connacionales radicados en Oklahoma, uno de los estados más racistas de ese país.

Al igual que otros hondureños, Menjívar ha tomado la batuta del liderazgo colectivo tras la asunción de Donald Trump.

Además de orientar a los compatriotas sobre qué hacer y cómo actuar si son interceptados por agentes de inmigración, ha emprendido una lucha contra la oleada de desinformación que han generado las acciones del mandatario republicano.

A su vez, intenta apaciguar el miedo real que existe entre aquellos que aún tienen una situación legal irregular y que se niegan a vivir como antes, desde que Trump tomó las riendas del país el 20 de enero anterior.

“Las redadas como tal no han comenzado. Lo que están haciendo los agentes de inmigración es acelerar las órdenes de deportación existentes de personas con pendientes legales. Naturalmente, esto ha causado un daño colateral a las personas que están en el lugar equivocado, pero sabemos que si los detienen y al ver que no tienen irregularidades, los sueltan”.

Aunque reconoció que los oficiales de inmigración pueden cometer abusos, eso sumado a la desinformación ha incrementado el pánico.

“Ahorita trascendió que a una escuela había llegado la policía. Eso desató el caos, los padres asustados, ya no querían llevar los niños a la escuela y lo que pasó es que hubo un intento de tiroteo; y como siempre pasa, llegó la policía. No era inmigración”.

Aunque ante lo que sucede es imposible no tener miedo, a ello se le suma otra dura realidad que les quita el sueño a los hondureños, y que los hace preguntarse qué será de sus vidas si vuelven a Honduras deportados, quién cuidará de sus niños si deportan a uno de los padres.

“En Oklahoma la mayoría de hondureños son personas sin documentos y están en pánico, pero están yendo a trabajar, aún así, les da miedo ir al supermercado, les da miedo mandar los niños a la escuela; se ha visto el bajón. He hablado con empresarios hondureños que sus negocios han bajado porque no llegan a comprarles comida o a las tiendas de alimento, o de ropa. Sí hay un impacto fuerte”, lamentó.

Señaló que ante eso también los están orientando. Los impulsan a buscar abogados para firmar cartas poder para que alguien vele por sus familias en caso de un retorno obligatorio.

Cree que verse de nuevo en Honduras no es algo que pase por sus cabezas, pues la mayoría ha logrado superarse y tener lo que nunca pudo en Honduras.

El retorno masivo de migrantes, tal cual lo ha prometido Trump, también afectará a la economía de un país que depende en gran medida de las remesas.

Datos del Banco Central de Honduras indican que de 2018 a 2024 los compatriotas que viven en EUA enviaron 48,743.4 millones de dólares.

Para Alejandro Kafati, oficial de economía del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), de momento, estimar un impacto en la economía nacional por las deportaciones masivas iniciadas por Trump es “algo complicado e incluso atrevido”.

Considera que aún no se tiene certeza de cómo serán, cuánto durarán y cómo operarán esas políticas de deportaciones.

“Únicamente conocemos la lista de hondureños en estatus de deportación, que suman más de 261 mil, y estos son hondureños que ya tenían años anteriores alguna orden de deportación, mas no sabemos cómo se actuará contra nuestros compatriotas que residen de manera irregular en los Estados Unidos”.

Cree que lo más importante es que el gobierno no tome estas acciones como un juego y que realmente se prepare para recibir a la cantidad que sea de hondureños que retornen al territorio nacional, ya sea con oportunidades laborales, con servicios de salud, educación, y tratar de asegurar que esos hondureños permanezcan en el territorio nacional.

Sobre la deportación de hondureños con récords criminales, considera que es algo a lo que también se le debe poner atención.

“Más allá del estatus legal que se tengan los hondureños que deporten, es necesario también tomar medidas de seguridad nacional. En los 2000 ya miramos la crisis que se vino por no atender seriamente este problema, no solo una crisis económica y laboral, sino también social, con el auge de las maras y pandillas. En ese sentido, consideramos que las autoridades, particularmente de seguridad y defensa, deben crear los planes necesarios para evitar que estas personas puedan unirse a organizaciones criminales en Honduras. Y la única forma de evitar esto es generando las oportunidades para los nuestros en el territorio nacional, y los que vengan retornados a través de estas políticas encuentren un futuro estable y confiable en el territorio nacional”, aconsejó.

Kafati considera que para que sean sostenibles las ayudas económicas es necesario priorizar el financiamiento de estas políticas.

“Tenemos hasta el momento un gobierno sin un Presupuesto General de la República aprobado y consideramos que el Congreso Nacional, en las discusiones que tengan de este presupuesto, debería incluir el financiamiento necesario para poder apoyar las políticas en favor de los hondureños retornados”, exhortó.

A renglón seguido aclaró que “no únicamente nos referimos a las transferencias monetarias, sino también el dinero necesario para mejorar el clima de negocios, para poder generar oportunidades para reactivar los sectores económicos y generar empleo. Al final del día, la única forma de reducir la migración, el desempleo y la desigualdad es a través de la generación de empleo formal, algo que hasta el momento ha sido una tarea pendiente y que esperemos que sea una prioridad para este 2025”.

De su lado, el doctor Nelson García Lobo, director la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), considera que de momento las deportaciones han estado bajo un marco de cierto nivel de normalidad.

Cree que mientras se ve el verdadero “efecto Trump” en el marco de las deportaciones es necesario que el país esté preparado para recibir un buen flujo de migrantes. Aconsejó a las autoridades estar pendientes del Estatus de Protección Temporal (TPS), sobre todo con lo que ya le pasó a Venezuela (Trump revocó la extensión que aprobó Biden el pasado 17 de enero).

“Es un llamado fuerte para las relaciones exteriores, para que puedan iniciar una estrategia de incidencia para lograr por lo menos que nuestros compatriotas puedan terminar el año 2025 acogidos a este sistema de protección temporal”.

Él ve el panorama bastante incierto y cree justo esperar los primeros 90 días de gestión de Trump para ver qué pasa realmente. El magnate está listo para cumplir con sus promesas de campaña y no defraudar a quienes depositaron el voto en su favor.