El Gobierno de Honduras solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una ampliación del Memorándum de Entendimiento (MOU) suscrito para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), con el fin de continuar las negociaciones bilaterales orientadas a establecer dicho mecanismo internacional.
La solicitud fue enviada el jueves 11 de junio de 2025 por Javier Bu Soto, canciller de Honduras, a Miroslav Jenča, subsecretario general de la ONU.
En la misiva, Bu Soto destacó los avances alcanzados en las reuniones presenciales y virtuales entre la comisión gubernamental y el equipo de expertos designado por el organismo internacional.
Según el canciller, el memorándum tiene una vigencia de seis meses, prorrogables, y se solicitó su extensión hasta el 15 de diciembre del presente año para “concluir los trabajos en tiempo y forma”.
Bu Soto subrayó que la instalación de la Cicih continúa siendo una prioridad para el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en el marco de su mandato de lucha frontal contra la corrupción.
La carta también menciona cuatro reformas legislativas que siguen en discusión en el Congreso Nacional y que son consideradas clave para viabilizar la llegada del mecanismo anticorrupción:
La reforma al Código Procesal Penal para incorporar la figura del querellante autónomo.
La reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional en relación con la inmunidad parlamentaria. Una interpretación del concepto de “más altos funcionarios” en la Constitución.
Cambios al artículo 28 de la Ley de Municipalidades.
“Creemos que los trabajos deben de alcanzar acuerdos favorables para ambas partes y cumplir con el mandato de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento para que se instale el Mecanismo Internacional Anticorrupción en nuestro país”, se lee en la nota oficial enviada a la ONU.
El Gobierno reitera que la Cicih debe operar de manera autónoma y con amplias facultades, en coordinación con las instancias nacionales de investigación y justicia, a fin de garantizar la aplicación de la ley y la refundación del Estado.
No obstante, diversos sectores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y representantes de la oposición política han cuestionado que, a más de tres años del inicio del actual gobierno, la Cicih aún no haya sido instalada.
Estos sectores consideran que los avances han sido lentos y que no existe una voluntad política firme para materializar el compromiso asumido por el Ejecutivo ante el pueblo hondureño y la comunidad internacional.
