Fiscales de Honduras continúan en paro de labores tras siete semanas debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades sobre un aumento de salarios y este viernes exigieron una auditoría forense en el Ministerio Público para conocer quienes “han drenado” los recursos de la institución.
“Hacemos un llamado a los compañeros a nivel nacional a mantener la toma pacífica de edificios, a no confrontar, pero de igual forma a no realizar ningún tipo de actividad laboral, exceptuando el trabajo de detenidos en flagrancia y audiencias de término”, indicó la Asociación de Fiscales de Honduras en un comunicado.
Los fiscales exigen, además, que se realice “una auditoría forense” en el Ministerio Público para “deducir responsabilidad a aquellos que hayan drenado el dinero de la institución con sueldos exorbitantes, viáticos y gastos de representación” y se hagan públicos los resultados.
La petición sobre la auditoría forense se hizo después de que el Gobierno indicó en un comunicado que los empleados del Ministerio Público se mantienen en paro “argumentando bajos salarios, cuando más de 702 personas de su nómina ganan salarios superiores a 33.000 lempiras (1.342 dólares al cambio de hoy) y más de 471 funcionarios ganan arriba de 53.000 lempiras (2.156 dólares al cambio de hoy)”.
El Gobierno hondureño condenó además “la actitud indolente e insensible, irracional y de grave perjuicio” de los empleados del Ministerio Público que en un “claro enfrentamiento” paralizaron sus labores.
Emplazó a los fiscales y médicos forenses a retornar a sus labores e iniciar con el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, un diálogo y la deducción de responsabilidades a los funcionarios que “sin ninguna conciencia, y a sabiendas de la crítica situación económicas de las finanzas, han abandonado sus funciones afectando a miles de personas”.
El Gobierno hondureño aseguró además que durante una década muchos de los que se mantienen en paro de labores “asumieron actitud complaciente ante acciones del crimen organizado y el narcotráfico”, lo que fue rechazado por la Asociación de Fiscales.
Los fiscales indicaron que el comunicado del Gobierno busca “amedrentarnos y menoscabar” su “legítimo derecho a la protesta social pacífica” y señalaron que la crisis se agudizó debido a que no obtuvieron respuestas a sus exigencias.
Lamentaron que el Gobierno “se haya mostrado desinteresado en resolver la problemática” en el Ministerio Público, a pesar de la alerta temprana emitida la semana pasada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que pidió “la debida y rápida atención” a la crisis.
“Queda en evidencia que no ha existido voluntad por parte del Ejecutivo para solventar la crisis que se vive al interior del Ministerio Público”, señaló la Asociación de Fiscales, que lamentan que el Gobierno busque “reprimir” la protesta.
