Sectores llaman al diálogo para acabar con la inestabilidad

San Pedro Sula

Desde que asumió el poder el 27 de enero de 2022, la presidenta hondureña Xiomara Castro se ha enfrentado a diversos sectores por reclamos que van desde nombramientos de acuerdos laborales y mejoras salariales, hasta el auxilio por el alto precio de la canasta básica y combustibles.

Pese al cambio de gobierno, el descontento social no cesó, a juzgar por las cifras analizadas y el monitoreo realizado por LA PRENSA Premium.

Puede leer: Regístrese aquí para acceder a LA PRENSA Premium

En la primera semana de febrero del año pasado, médicos, enfermeras y otros empleados públicos exigían derechos laborales que les prometieron en el Gobierno anterior. Otros que se identificaban como miembros de base del Partido Libre clamaban por un puesto gubernamental.

Las manifestaciones se dieron en las calles de las principales ciudades y hubo bloqueos de carreteras importantes con barricadas y quema de neumáticos.

Más adelante, el 16 de febrero del mismo año, maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) organizaron una protesta y durmieron en las afueras de la Casa Presidencial, demandando asignación de plazas permanentes.

Las convulsiones sociales siguieron en abril cuando un sector del transporte público paralizó sus labores en las principales ciudades y carreteras, aduciendo que el Gobierno de Castro no atendía sus solicitudes, entre ellas un aumento a la tarifa.

Los transportistas del servicio urbano, taxis y mototaxis pedían además una rebaja a los combustibles y un subsidio para el rubro. Durante el mismo mes, importadores de vehículos se tomaron la carretera internacional CA-4 por la determinación del Gobierno de no permitir el ingreso de carros de modelos anteriores al 2005.

La dirigencia instó a reducir impuestos en la importación de automóviles y amnistía tributaria. Un mes después, el transporte de carga paralizó sus actividades a nivel nacional por incumplimientos al no pagarles la tarifa mínima por kilómetro recorrido y otras peticiones que afectaban a los conductores de camiones.

En julio de 2022, en Danlí, El Paraíso, miembros de la Iglesia Católica, migrantes y pobladores se pronunciaron en contra del cobro 5,000 lempiras a indocumentados para transitar en el país.

Hasta julio de 2022, un reporte de la Secretaría de Seguridad al que tuvo acceso LA PRENSA Premium indica que en Honduras se habían registrado 520 protestas.Lo anterior representaba un incremento de 146 hechos, es decir del 39%, comparado a ese mismo rango de 2021.

Bajo ese ritmo, en sus primeros siete meses el gobierno se enfrentó a dos o tres protestas diarias.No obstante, no llega a los niveles del último período del expresidente Juan Orlando Hernández; fue muy convulso, indican las estadísticas.Por ejemplo, de enero a julio de 2021 hubo 690 manifestaciones.

Ese número, ya alto, no se compara con lo ocurrido para el mismo periodo de 2019: 1,560 protestas.Se recuerda ese año por las manifestaciones de docentes y doctores en contra de unos decretos de emergencia que habilitaban reestructurar el sector de salud y de educación.

Aunque una gran diferencia de los reclamos populares en la administración de Castro es el bajo nivel de conflictividad. Hasta julio de 2022 apenas el 1% de las manifestaciones se habían tornado violentas.

Ese porcentaje es una gran diferencia con respecto a la época de Hernández, cuando se tuvo registros -en 2019, para ser específicos- sobre que 15 de cada 100 protestas llegaron a niveles agresivos.

Al cumplirse un poco más del primer año de gobierno, en marzo de 2023, las enfermeras profesionales, empleados de centros psiquiátricos y de otras secciones sanitarias realizaron manifestaciones en la capital, alegando no ser escuchados por autoridades de Salud, por lo que llegaron a Casa Presidencial y demandaron un aumento salarial, pago del Índice de Precios al Consumidor (IPC), nombramientos y abastecimiento de medicamentos en los centros asistenciales.

De igual manera, en febrero, empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) salieron a las calles de Tegucigalpa para protestar exigiendo el nombramiento de un nuevo gerente y pago de salarios atrasados.

Entre febrero y marzo de este año, también fiscales, agentes, médicos forenses y empleados administrativos del Ministerio Público y Medicina Forense realizaron presión a nivel nacional ante la falta de respuesta positiva a su demanda de incremento salarial. Ondeando la Bandera de Honduras y con mensajes de súplica en carteles, muchos de ellos se tomaron bulevares e instalaciones; la protesta continúa a la fecha por falta de acuerdos.

El pasado 15 de marzo hubo manifestación de dirigentes magisteriales en contra de las reformas a la Ley del Instituto Nacional del Magisterio (Inprema), en el bulevar del norte de San Pedro Sula.Argumentaron que salen afectados en la edad para jubilarse, entre otras consecuencias.

El 20 de marzo, nuevamente el rubro de importadores de carros protestó en zonas como La Lima, Siguatepeque y Danlí por pago de menos impuestos y respeto a dispensas. El 21 de marzo, personal de Salud protestó exigiendo el cumplimiento de plazas prometidas durante la pandemia.

Mientras tanto, en Danlí, padres de familia y estudiantes demandaron en la vía pública docentes para las distintas escuelas de la zona. El 22 de marzo, unos 1,200 médicos y enfermeras que trabajaron en hospitales y centros de salud llegaron a las instalaciones de la Secretaría de Salud para exigir una plaza de trabajo permanente. Empleados del Instituto Nacional Cardiopulmonar se apersonaron también a Salud para exigir que se les haga efectivo el pago de salarios atrasados.

Decenas de maestros protestaron en la zona norte en rechazo a una posible reforma a la Ley del Inprema y pidieron la destitución del ministro de Educación, Daniel Sponda.

En paralelo, un grupo de exagentes de la Policía Nacional, que fueron separados como parte de un proceso de depuración, realizaron un plantón en la parte baja del Congreso Nacional, para exigir su reintegro a la institución.

A estas jornadas de movilización se unieron patronatos que pedían reconstrucción de bordos en Yoro, guardias de seguridad despedidos que clamaban sus prestaciones en la capital y un grupo de taxistas en Corinto, Omoa.

El analista económico Carlos Urbizo calificó la situación del país como “complicada, difícil y sombría”. Consideró que hay demasiada incertidumbre por la dirección que se pueda tomar, ya que se ha declarado un gobierno socialista-democrático, lo que a su criterio es contraproducente.Aseguró que la población está insatisfecha y defraudada.

“Se hizo creer que la situación cambiaría de la noche a la mañana, pero no se ha sabido manejar bien la administración pública”, expuso. El dirigente magisterial Joel Navarrete aceptó que el Gobierno ha hecho importantes esfuerzos, pero aún no ha cumplido las expectativas de la población.

“Urgen mesas de diálogo donde participen sociedad y Gobierno para mejorar las cosas”, recomendó el docente. De su lado, el sociólogo Marco Rubí comentó que “muchas de estas protestas responden a una situación insostenible, urge un sistema de diálogo permanente y mayor comunicación de cómo está el país por parte de los poderes del Estado”.

Rubí indicó que lo que ha existido durante este gobierno no son protestas sociales que provienen de movimientos de base como en su momento lo fueron los Indignados y las Antorchas, ahora únicamente se trata de gremios particulares o con cierto vínculo público.