La Asociación de Víctimas de Accidentes Viales (Apoyo Mutuo) exigió al Congreso Nacional impulsar reformas legales urgentes tras la tragedia ocurrida en la carretera CA-4, donde el choque entre una rastra que transportaba químicos y un autobús dejó un saldo de 10 personas fallecidas.
El pronunciamiento surge en medio del luto nacional y de la indignación de sectores civiles, que cuestionan que las reacciones oficiales se limiten a mensajes de condolencias en redes sociales. Por ello, demandan acciones concretas para prevenir nuevos siniestros.
Según representantes de la organización, la reiteración de accidentes en los llamados “puntos negros” de la red vial evidencia fallas estructurales en la regulación del transporte pesado y en los mecanismos de supervisión estatal. La falta de certificación de los conductores y el transporte de materiales peligrosos sin medidas de seguridad extremas son, a su juicio, detonantes de una crisis persistente en las carreteras hondureñas.
“Para nosotros escuchar que los funcionarios se lamentan nos da molestia, ira, porque ellos, si se lamentan, también son responsables de todo esto; con lamentarse no hacen nada y deben tomar acciones al respecto”, manifestó Tania Uclés, representante de Apoyo Mutuo.
El accidente ocurrió en la cuesta de Los Limones, en Quimistán, Santa Bárbara, y generó además el derrame de cianuro, un químico altamente tóxico que podría afectar ecosistemas cercanos, según denunciaron los activistas.
La organización sostuvo que la responsabilidad no solo recae en el conductor, sino también en las instituciones encargadas de fiscalizar la seguridad vial, el transporte de sustancias peligrosas y el impacto ambiental.
Uclés fue enfática al señalar que el Ministerio Público y las autoridades ambientales deben actuar de oficio, sin esperar llamados externos, especialmente ante versiones de que el conductor de la rastra no portaba la licencia adecuada para operar equipo pesado.
La falta de controles previos en las empresas contratistas es, según la representante, una complicidad silenciosa que deriva en tragedias.
“Ellos son más responsables todavía y deben tomar en cuenta toda esta situación. ¿Qué va a hacer el Ministerio Público porque ya hay muertes y daños materiales?”, cuestionó.
La prevención, según Apoyo Mutuo, pasa por una reestructuración de las leyes de tránsito y transporte de carga en el Congreso Nacional.
La asociación sostiene que los diputados tienen en sus manos la facultad de endurecer sanciones y exigir certificaciones especiales para conductores de materiales peligrosos, una deuda pendiente en el Legislativo.
El llamado es directo a los 128 congresistas, a quienes solicitan dejar la retórica de la solidaridad y discutir soluciones técnicas con víctimas de la inseguridad vial.
La propuesta incluye auditorías más estrictas a las empresas de transporte y vigilancia permanente en carreteras con alta incidencia de accidentes, como la CA-5 y la CA-4.
“Para los funcionarios públicos que se viven lamentando cuando hay este tipo de incidentes, los invito a que dejen de lamentarse y que tomen acción”, sentenció Uclés.
La organización hizo un llamado a la presidencia del Congreso Nacional para establecer una mesa de trabajo técnica.
Para Apoyo Mutuo, la única forma de honrar la memoria de los 10 fallecidos en Santa Bárbara es garantizar que ninguna otra familia hondureña enfrente una tragedia similar por falta de voluntad política.
“Estamos invitando nuevamente a los funcionarios, a los congresistas, a los diputados a que nos busquen como miembros de la Asociación de Víctimas para que hablemos y trabajemos juntos estos temas”, enfatizó.
