El caso reciente de menores hondureños nacidos en Estados Unidos y deportados con sus madres preocupa a las organizaciones defensoras de la niñez.
Las organizaciones exigen una respuesta coordinada para garantizar la protección integral de estos ciudadanos, quienes ahora enfrentan una situación incierta.
Se ha informado que varios menores con ciudadanía estadounidense fueron enviados a Honduras junto con sus madres, tras la decisión de agentes migratorios de Estados Unidos de que no podían permanecer en el país; entre ellos, un menor que padece cáncer, lo que ha suscitado inquietud por la interrupción de su tratamiento médico.
Wilmer Vásquez, director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), considera que este tipo de situaciones son una consecuencia directa del endurecimiento de las políticas migratorias del actual Gobierno estadounidense, que ha aumentado la vulnerabilidad de poblaciones migrantes, incluyendo niños nacidos en ese país.
“Estas nuevas políticas están teniendo consecuencias nefastas para países como el nuestro, donde muchas familias migrantes se ven forzadas a regresar. El Estado de Honduras debe activar todas sus instituciones para proteger a los menores, sobre todo cuando se ha vulnerado su derecho a la salud, a la educación y a vivir con dignidad”, expresó.
En ese sentido, el director de Coiproden llamó a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), al Instituto Nacional de Migración y a la Cancillería a coordinar esfuerzos para dar seguimiento a cada caso, ya que el retorno no solo implica una adaptación forzada, sino también una responsabilidad estatal de garantizar condiciones adecuadas para los menores, indistintamente de su nacionalidad o estatus migratorio.
“En estos casos debe intervenir la institucionalidad. La Senaf tiene la responsabilidad de investigar qué está ocurriendo, cuáles son sus competencias y, sobre todo, asegurar que las familias puedan ofrecer el entorno de protección que cada niño necesita”, manifestó Vásquez.
Servicios
El Gobierno hondureño ha informado que dará seguimiento cercano a los casos y que está en comunicación con las instancias correspondientes para vigilar el cumplimiento de los derechos de los menores afectados. En el caso del niño diagnosticado con cáncer, se buscará garantizar el acceso a los servicios médicos necesarios.
Además, se conoció que el próximo 16 de mayo se llevará a cabo una audiencia en Estados Unidos relacionada con estos casos, en la que se espera que las autoridades norteamericanas expliquen los motivos de la deportación y se evalúe si existe posibilidad de retorno para los menores o alguna medida de protección internacional.
Para Coiproden lo más urgente es que el país no dé la espalda a su niñez retornada y que se activen todos los mecanismos disponibles de atención, protección y reintegración.
