La reciente expulsión de tres niños nacidos en Estados Unidos hacia Honduras, junto a sus madres hondureñas, ha generado alarma entre organismos defensores de derechos civiles.
Uno de los casos ha sido calificado como particularmente grave: una menor de cuatro años, diagnosticada con cáncer en etapa terminal, fue retornada al país centroamericano sin completar su tratamiento médico.
La niña, ciudadana estadounidense, padecía un tipo de cáncer metastásico y estaba recibiendo atención médica en EE. UU. Según sus representantes legales, la deportación fue ejecutada sin tomar en cuenta su condición crítica, lo que representa una posible violación de derechos fundamentales. La menor fue enviada a Honduras junto a su madre y su hermano mayor, de siete años.
Además, se denunció la deportación de otra madre con su hijo de apenas dos años, pese a que un juez federal había fijado una audiencia para revisar el estatus legal del menor. El padre había solicitado detener la expulsión mediante una petición de emergencia, pero las autoridades actuaron antes de que el proceso judicial se concretara.
La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se pronunció sobre el tema mediante un mensaje dirigido a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. En su comunicado, expresó su preocupación por la niña enferma y pidió cooperación del gobierno hondureño para asegurarle acceso a cuidados paliativos o un tratamiento digno.
“Le pido, como madre, que colabore para que esta pequeña tenga una oportunidad de pelear por su vida o, al menos, vivir sus últimos días en condiciones humanas”, señaló la legisladora, quien también anunció que enviará una carta formal a la mandataria.
@ntorres35 Un mensaje urgente para la Presidenta de Honduras Xiomara Castro #icedeportación #honduras🇭🇳 #ninosconcancer #ninos #Cancer #ruleoflaw ♬ original sound - NormaTorresCampaign
Diversas organizaciones pro derechos de los migrantes, como la ACLU y el Proyecto Nacional de Inmigración, han calificado estas deportaciones como ejemplos alarmantes de cómo el sistema está fallando en proteger a los más vulnerables. Los abogados que acompañan estos casos sostienen que hubo falta de transparencia y se vulneraron garantías procesales básicas.
