A partir de las 6:00 pm de este día entra en vigor el estado de excepción en 89 barrios y colonias del Distrito Central y 73 en San Pedro Sula, Choloma y La Lima.Además, no se necesitará salvoconducto para circular, esto último fue definido ayer lunes mediante comunicado de prensa del Gobierno.
El decreto ejecutivo PCM 29-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 3 de diciembre, establece que “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados, que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas, incurriendo y consumando delitos de extorsión, asesinatos, robos, tráfico de drogas y secuestros (...) resuelve: suspender las garantías establecidas en la Constitución (...)”.
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Las garantías suspendidas (artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99 de la Constitución) conciernen a la libertad de circulación, libertad de asociación, procedimientos de detención y la inviolabilidad del domicilio de parte las autoridades, es decir, desde hoy los elementos de la Policía Nacional están facultados para ingresar sin orden de un juez a una vivienda donde tengan información que hay extorsionadores.
Ministro de Seguridad
Ramón Sabillón:
“Nuestra ciudadanía debe comprender que esto va dirigido a grupos de criminales”.
Aunque el decreto establece en su artículo #1, que la afectación es en el Distrito Central y San Pedro Sula, en el Anexo Único, se incluye colonias de Choloma, Villanueva y La Lima.
En el Foro Rendición de Cuentas del gubernamental Canal 8, Ramón Sabillón, ministro de Seguridad; Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional, y Miguel Martínez, director de Comunicaciones Estratégicas de la PN, aclararon que la suspensión de las garantías está orientada a contrarrestar la actividad delictiva y no a obstaculizar el desempeño de los ciudadanos que se dedican a trabajar.
“Nuestra ciudadanía debe comprender que ciertos derechos restringidos van dirigidos a personas o grupos criminales con antecedente criminal y la asociación ilícita cómo la vamos a abordar. No se busca restringir el derecho a ninguna persona, como un trabajador. Nuestros policías están preparados con un protocolo, procedimiento de intervención”, dijo Sabillón.
Mientras, Martínez manifestó que “las personas que son honradas, que no están vinculadas al crimen organizado, esas personas están alegres, están contentas.Saben que la finalidad de esto es bajar la incidencia delictiva, contrarrestar la extorsión y los delitos conexos”.
De acuerdo con el decreto, el estado de excepción, lo cual no es igual que un toque de queda, imperará en colonias y barrios controlados por la pandilla 18, mara MS-13, bandas como Los Canales, Puchos, Tercereños, Olanchanos, Los Aguacates y otras organizaciones identificadas por la Policía.
El jefe de la Policía explicó en ese foro que “la estrategia integral contra la extorsión fue implementada ya hace algunos días. Hay muchas operaciones que la Policía está desplegando y desarrollando con las diferentes direcciones especializadas como Dipamco, DPI, inteligencia policial”.
“Ahora, con la publicación de este decreto, lo que se está haciendo es identificando las zonas donde vamos a focalizar nuestras actividades. Se están identificando las zonas donde va a ver ciertas restricciones de garantías constituciones y específicamente de libre locomoción”, manifestó.
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Las autoridades aseguran que en esta ofensiva contra el crimen respetarán los derechos humanos y la estrategia de la suspensión de garantías, no es una copia de la ejecutada por Nayib Bukele en El Salvador.
Juanita Goebertus, directora en las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, calificó en Twitter de “muy preocupante la decisión de la presidenta”, Xiomara Castro, “de suspender la libertad de asociación y reunión y otros derechos fundamentales en más de 100 barrios y colonias del Distrito Central y San Pedro Sula”.
