1,500 mujeres han ido presas por extorsión

SAN PEDRO SULA

Nancy (nombre ficticio), de 16 años y recolectora de dinero para sus superiores, recientemente fue condenada a un año y 10 meses de internamiento y a un año de libertad asistida luego de que fuera capturada cobrando el dinero de extorsiones y con droga.

Ella aceptó haber cometido las infracciones.Al cumplir su condena de internamiento en un centro de menores tendrá 18 años, pero pocas posibilidades de una rehabilitación, ella seguirá en la estructura criminal.

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Ese tiempo de reclusión es el castigo que reciben muchos menores que cometen ese tipo de delitos graves y en otros casos los juzgados de menores aplican la suspensión del proceso a prueba, por lo que quedan en libertad.

El Código de Niñez establece como pena máxima el internamiento hasta de 8 años para los infractores de delitos graves como los asesinatos, pero en muchos casos de extorsión aplican penas bajas y luego los cobradores vuelven a las calles.

Aunado a eso, al imponer una pena de 8 años de encierro a un menor, al cumplir sus 18 años no son trasladados a centros penitenciarios, sino que quedan en los mismos establecimientos de internamiento.

Es por eso que estructuras criminales utilizan en su mayoría menores de edad para recolectar el dinero de las extorsiones que son entregadas por las víctimas, recolectadas en pulperías y otros negocios.

Los menores comienzan a trabajar, en el caso de la pandilla 18, en los barrios y colonias controlados por ellos como “banderas” y luego suben los escalones en la estructura criminal.

Otras que ya juegan roles más importantes para cometer delitos en los grupos de extorsionadores son las mujeres, quienes además de recolectar el dinero se encargan de la administración, así como de hacer amenazas directas a las víctimas.

Uno de esos casos es el de Suyapa Carolina Suazo Barahona (de 45 años), alias la Carnal, quien se convirtió en la administradora y coordinadora de extorsiones de la banda Los Benjamin, según las autoridades.

La Carnal era la mano derecha del líder del grupo Los Benjamin, quien también ha operado en contubernio con el cabecilla de la banda Los Puchos.

Ambos jefes de bandas están recluidos en centros penitenciarios, desde donde daban órdenes a Suyapa Carolina Suazo Barahona para cometer actos delictivos en zonas de La Gusalona, El Pedregal, La Peña, Calpules, Monterrey y Las Vegas de Tegucigalpa.

La Carnal fue capturada en marzo de este año y en junio el juzgado antiextorsión la condenó a la pena mínima de 11 años y tres meses de prisión por el delito de extorsión, pues se sometió a un procedimiento abreviado en el que aceptó el delito que le imputaron.

Suyapa Carolina Suazo Barahona se suma al registro de 1,540 mujeres que fueron enviadas en los últimos 13 años (de 2009 a 2021) a la Penitenciaría Nacional Femenina de Támara por el delito de extorsión, según un análisis de LA PRENSA Premium a estadísticas oficiales.

Pero las mujeres involucradas en extorsiones ahora no necesariamente dependen de cabecillas de estructuras criminales, sino que han formado sus grupos, pero siempre identificándose como miembros de maras y pandillas.

El 22 de septiembre, la Fiscalía contra el Crimen Organizado acusó y coordinó la captura de 17 mujeres que pertenecían a “clicas” dedicadas a la extorsión y lavado de activos.

Aunque las autoridades antimaras las identifican como parte de la pandilla 18, el grupo de mujeres se dedicaba a hacer llamadas exigiendo dinero a las víctimas amenazándolas con enviar a miembros del grupo criminal para matarlos.

La mayoría del dinero recolectado de las extorsiones era recibido por transferencias bancarias electrónicas, por lo que ese tipo de transacciones son investigadas por las autoridades.

Hay otros casos como el de Yasmín Yanira Caballero España, quien operaba con otros hombres de forma independiente, pero para atemorizar a transportistas y dueños de negocios de Santa Rosa de Copán y La Entrada se identificaban como miembros de maras y pandillas.

Con las pruebas recolectadas por los agentes antiextorsión fue llevada a juicio, donde fue condenada a 17 años de prisión.

Muchas de las capturadas han aceptado su culpabilidad en la primera etapa del proceso penal, por ello son condenadas a penas hasta de 11 años, pues el delito estipula una pena de 10 a 15 años de prisión.