Honduras
Acceso con registro
El gobierno de Xiomara Castro dejó pendiente la tarea de suplir la demanda de placas vehiculares en Honduras, una situación que se ha convertido en una prioridad para las nuevas autoridades del Instituto de la Propiedad (IP).
Fue a mediados de 2023 cuando el país se quedó sin placas para vehículos particulares. Un año después, se agotaron también las destinadas a motocicletas y, en la actualidad, hay una mora que supera las 744,864 placas.
Datos proporcionados por el Instituto de la Propiedad a LA PRENSA, mediante solicitud de información, detallan que la institución mantiene una deuda pendiente de 414,935 placas metálicas para motocicletas y 329,927 para vehículos particulares. Estas unidades circulan en las calles del país con permisos provisionales emitidos en papel.
Los permisos, que se renuevan cada tres meses a través de plataformas en línea, suman 2,221,779, entre solicitudes por primera vez y renovaciones.
Tras licitaciones fallidas y promesas incumplidas por parte del gobierno de Xiomara Castro, la escasez de placas ha generado molestia e indignación entre la ciudadanía, que advierte que la falta de identificación vehicular ha contribuido al aumento de la inseguridad.
A pesar de esta problemática, el gobierno continuó cobrando puntualmente la matrícula vehicular cada año, además del pago de 500 lempiras correspondientes a la placa.
El monto estimado para la adquisición de cerca de un millón de placas era de 156 millones de lempiras, con fondos del Estado. A inicios de 2025, la comisión interventora del Instituto de la Propiedad informó que 18 empresas nacionales e internacionales mostraron interés en participar en la licitación pública internacional. Solo tres presentaron formalmente sus ofertas: Suministros Técnicos S.A. de C.V., Comunicaciones Globales y el consorcio GS Consortium.
Lo último que se conoció fue que el proceso se mantenía en etapa de evaluación técnica, financiera y legal de las propuestas, conforme a los criterios del pliego de condiciones, con el fin de seleccionar la mejor opción para el Estado y los ciudadanos.
En julio de 2025, Francisco Bocanegra, entonces director del IP, aseguró a medios de comunicación que la institución se preparaba para una nueva licitación, luego de detectar irregularidades en la anterior.
En ese momento, anunció que la entrega de nuevas placas se reanudaría entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no se ha lanzado una nueva licitación pública, y estos procesos suelen tardar entre tres y seis meses.
Erick Hernández, presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, manifestó que espera que este gobierno no repita las prácticas del anterior, que en varias ocasiones prometió y lanzó licitaciones sin lograr la compra de nuevas placas, pese a tratarse de una necesidad imperativa y un derecho de los ciudadanos.
Hernández explicó que anualmente se registran en Honduras más de 70,000 vehículos usados y más de 15,000 nuevos, aunque este número podría haber aumentado en los últimos años. Hasta el 12 de noviembre de 2025, el IP ya registraba 86,696 carros usados y cerca de 20,000 nuevos.
En el caso de las motocicletas, hasta esa fecha se contabilizaban 191,249 motocicletas nuevas y 1,668 usadas. Señaló que en 2024 hubo mayores registros y que en 2025, al ser un año político, estos disminuyeron.
LA PRENSA conversó con Luis Torres, director ejecutivo del IP, nombrado y juramentado por el presidente Nasry Asfura, quien manifestó que la compra de placas es una prioridad para la institución y que, a partir de la próxima semana, se informarán sobre la etapa en que quedaron los procesos para tomar decisiones.
“Es una prioridad en esta administración. A partir de la próxima semana que asumamos, vamos a revisar los procesos que se realizaron y a iniciar de inmediato con todos los trámites para replaquear el país. Es algo imperativo para la seguridad jurídica”, indicó el abogado.
“Tenemos que revisar el presupuesto disponible para la compra de placas. Como se dejaron de entregar durante tres años, seguramente no podremos cubrir el 100% en un solo año, pero podría hacerse de forma paulatina, por etapas. Ya lo hablamos con el presidente Nasry Asfura, aunque aún desconocemos los tiempos de producción”, agregó Torres.
Los ciudadanos reclaman constantemente respuestas sobre la entrega de placas vehiculares. “Tengo dos años con placas de papel. Me tocó mandar a hacer una copia en lámina y me costó 750 lempiras, porque los policías me detenían constantemente y exigían que el permiso estuviera visible; con las lluvias, el papel se arruina”, relató Gustavo Antúnez, ciudadano afectado.
Diputados del Congreso Nacional aseguran estar dispuestos a acelerar cualquier proceso que permita la compra rápida de las placas, con el fin de brindar seguridad y un mejor servicio a la ciudadanía.
“Lo correcto es un proceso competitivo para obtener la mejor oferta técnica, económica y financiera y proceder con prontitud. Es un insulto a la población no contar con el material de placas. Doy un voto de confianza al nuevo director ejecutivo del IP, un profesional con amplia trayectoria, que estoy seguro sacará adelante la institución”, aseveró Marco Antonio Midence, diputado del Partido Nacional.
Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, expresó que el gobierno anterior trabajó de manera descoordinada y no atendió las verdaderas necesidades del pueblo hondureño. Señaló que, pese a las constantes quejas ciudadanas, no hubo respuestas satisfactorias.
Lara indicó que lo primero es asegurar el presupuesto para la compra de placas y luego lanzar la licitación correspondiente. Añadió que las autoridades del IP deben contemplar un lote que cubra la demanda actual y la futura, con una proyección de al menos cuatro años, para evitar un nuevo desabastecimiento.