Tegucigalpa, Honduras.

Las reformas políticas electorales se encuentran empantanadas y ante la falta de consenso entre los partidos es casi improbable que puedan materializarse este año, especialmente aquellas que implican enmiendas a la Constitución de la República, coincidieron miembros de los partidos y del Congreso Nacional.

Bajo estas circunstancias, los 8.5 millones de hondureños serán convocados a mediados de este y el próximo año a elecciones primarias y generales bajo el texto de una descontextualizada Ley Electoral plagada de remiendos.

Entre las reformas que requieren modificaciones al texto constitucional figuran la segunda vuelta electoral, la incorporación de otros partidos en el TSE y el tema relacionado con la forma de elección de los diputados a través de distritos electorales, las cuales requieren el voto de la mayoría calificada y su ratificación en una siguiente legislatura. La mayoría de estas enmiendas son propuestas por los partidos de oposición, pero han encontrado una fuerte resistencia en el Partido Nacional en el poder.

Además de las anteriores, el Congreso tiene pendientes dos propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo y el diputado de la Unificación Democrática (UD), Edwin Pavón, relativas a transparentar los aportes que reciben los partidos políticos y el financiamiento de las campañas de los candidatos a cargos de elección popular.

El escrutinio de los aportes que reciben los partidos, los candidatos presidenciales y los aspirantes a otros cargos públicos es una demanda de la comunidad internacional ante la creciente infiltración de dinero sucio del crimen organizado y del narcotráfico en el financiamiento de las campañas políticas.

Además de las anteriores, el Congreso tiene engavetado un proyecto de una nueva Ley Electoral enviado en 2011 por los magistrados del TSE, que, entre otras cosas, contiene la sustitución de las Mesas Receptoras Electorales (MER) por las Mesas Ciudadanas, integradas por personas no vinculadas a los partidos, y el principio de paridad y alternancia.

También están engavetadas otras propuestas orientadas a democratizar los procesos electorales en Honduras, entre ellos la implementación del voto electrónico.

Foto: La Prensa



Tiempo se agota

Para algunos representantes de los partidos, algunas de estas reformas todavía son posibles si hay acuerdos entre los partidos, no así las que implican reformas constitucionales en vista que deben ser aprobadas en esta legislatura y ratificadas en 2017, y eso ya no es posible porque en septiembre de 2016 el TSE convoca a elecciones internas y el siguiente año a generales.

Antonio Rivera Callejas, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, dijo a LA PRENSA que lo ideal es hacer las reformas político-electorales antes de que el TSE convoque a elecciones internas el 11 de septiembre de 2016; sin embargo, legalmente se pueden hacer, incluso hasta febrero del próximo año.

”Hay que diferenciar las reformas a la Ley Electoral y las enmiendas que implicarían reforma constitucional, en ambos casos se requieren las dos terceras partes del Congreso Nacional (86 votos); pero las constitucionales tienen que ser ratificadas en la siguiente legislatura”, acotó.

Con relación a la segunda vuelta, la incorporación de los partidos al TSE y la forma de elección de los diputados debe ser consensuado a nivel de las autoridades partidarias, es decir, de los líderes de los partidos porque es improbable que en el Congreso Nacional se alcance un consenso.

“Dudo que en el Congreso Nacional se dé ese consenso y por eso desde el principio de este Gobierno manifestamos que son los partidos políticos los que deben concertar esos temas”, agregó.

No obstante, Rivera Callejas consideró que los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y el diputado Edwin Pavón tendientes a transparentar el financiamiento de los partidos y las campañas políticas “sí hay consenso para probarlos muy pronto”.

David Matamoros Batson, presidente del TSE, coincidió en que “lo más sensato” es que las reformas se realicen antes de convocar a elecciones primarias y generales; pero teóricamente pueden hacerse tres meses antes de una elección, específicamente aquellas que no requieren una modificación constitucional.

Recordó que en agosto de 2011 el TSE presentó una propuesta de nueva Ley Electoral que es el resultado de 14 meses de socialización con diversos actores de la sociedad civil y esta contiene el 90% de las recomendaciones formuladas por la Unión Europea.

Con respecto a esta iniciativa, dijo que el proyecto se entrampó en el Congreso por la situación de la paridad de género porque muchos estaban en desacuerdo de conceder el 50% de los cargos de elección a las mujeres, y el otro punto fue el financiamiento para los partidos.

Agregó que algunas de las reformas que requieren enmiendas a la Constitución todavía son factibles; pero depende de los partidos y el Congreso Nacional. “Lo que no veo factible es que estando a las puertas de las elecciones se vaya a hacer un cambio al TSE. Es un tema que tienen que definirlo los partidos”.

Doris Gutiérrez, diputada del Pinu y miembro de la Comisión de Asuntos Electorales, deploró que las reformas están empantanadas por la ausencia de acuerdos políticos.

Dijo que el Pinu respalda unas 30 reformas, entre estas la segunda vuelta electoral, la “ciudanización” de las mesas electorales, la regulación del financiamiento a los partidos, la transmisión de resultados y la integración de los tribunales nacionales, departamentales y municipales.