La defensa del expresidente hondureño (2014-2022) Juan Orlando Hernández pidió ayer lunes al Poder Judicial que le otorgue arresto domiciliario mientras sigue el proceso de extradición que solicitó Estados Unidos por supuestos vínculos con narcotráfico.
El Poder Judicial había informado en su cuenta de Twitter que “el juez de primera instancia admitió un escrito de apelación de la defensa” de Hernández para que le revoque la prisión preventiva en los Cobras.
Ahora, la apelación tiene que ser resuelta por el Pleno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de alzada.
“La resolución con lugar o sin lugar de este recurso de apelación se dará por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia hasta después de realizar la convocatoria y consecuentemente conocerlo. Hasta ahora se han estado llevado a cabo procesos administrativos a lo interno, por lo que esperamos en el transcurso del día se conozcan detalles de la convocatoria”, informó Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.
Félix Ávila, miembro del equipo de abogados del exmandatario, llegó esta mañana a la Corte Suprema de Justicia para dejar constancia respecto a la resolución de la Corte de Apelaciones a solicitud de arresto domiciliario.
“Se está buscando que no sea extraditado y siga el procedimiento aquí en Honduras. Él está en custodia del Estado, por lo tanto es el responsable de garantizar su vida y seguridad por medio de los órganos competentes”, subrayó Ávila.
Washington pidió el 14 de febrero a Honduras la extradición del exgobernante, a quien lo acusa de introducir 500 toneladas de cocaína al mercado estadounidense desde 2004.
Su casa fue rodeada por policías, luego fue arrestado con esposas y cadenas y trasladado a una prisión en la sede de las fuerzas especiales conocida como Los Cobras, en el este de la capital y debe permanecer allí por decisión de un juez.
El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, dijo que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Hernández, que dejó la presidencia de Honduras el 27 de enero tras ocho años en el cargo, ha sido implicado por fiscales de Nueva York de tener lazos con el narcotráfico.
Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, fue condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito.
El expresidente rechaza los cargos y los atribuye a venganza de capos que su gobierno extraditó y que sirvieron de testigos contra su hermano.
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Ana García, esposa de Hernández, compareció ayer lunes ante el estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh), a quejarse por la forma en que fue capturado el expresidente.
“Ustedes transmitieron todas las imágenes de la forma humillante y denigrante en que fue tratado mi esposo” y “las autoridades que permitieron el uso de grilletes y cadenas (...) luego lo exhibieron públicamente como un trofeo”, dijo a los periodistas; sin embargo, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró que constató ayer mismo las condiciones carcelarias de Hernández, “sin encontrar ninguna violación a los derechos humanos, tratos crueles o degradantes”.
