Un Jugzado Penal en materia de corrupción decretó auto de apertura a juicio oral y público el caso contra Jenny Carolina Andrade Lemus, acusada por lavado de activos en otra línea investigativa por el desfalco financiero en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).
Según expediente judicial, Andrade Lemus constituyó en el 2008 la empresa Soluciones Técnicas JJ y ya para el 2011 recibió 36 depósitos provenientes de otras empresas que también habían suscrito contratos con el Ihss y que sustrajeron fondos sin documentación de respaldo, monto total que asciende a 14,220,219.54 lempiras.
El Ministerio Público informó que dichos fondos fueron administrados por la procesada, de los cuales no tenía causa o justificación económica legal o de su procedencia, con los cuales realizó traslado de fondos a sus cuentas personales, familiares y al extranjero.
En este caso también está siendo vinculado José Bertetty Osorio, de quien se refiere que en el año 2011 tres empresas comenzaron a tener problemas de retrasos de pagos por los servicios prestados al Seguro Social, por lo que sus representantes legales se reunieron con Bertetty Osorio, quien les pidió una coima de un 20% del valor total de cada factura.
Para ello, el funcionario, quien enfrenta una decena de causas por el megafraude del Seguro Social, se habría coludido con Andrade Lemus, quien tras crear la empresa fachada Soluciones Técnicas JJ, constituida mediante instrumento público número 1458 de fecha 10 de diciembre del 2008, un año después solicitó que se registrara la firma de José Ramón Bertetty Osorio para que ambos pudieran emitir cheques de la referida cuenta con firmas indistintas, pero evitando que figurara su nombre.
La Fiscalía afirmó que en total, Bertetty Osorio recibió 41 depósitos que ascienden a 1,795,0000.00 lempiras producto del soborno solicitado a los gerentes de las empresas proveedoras de servicios.
Por el descalabro financiero del Seguro Social, el Ministerio Público ha llevado a más de 60 personas ante la justicia hondureña, obteniendo hasta ahora 21 sentencias condenatorias, tres relacionadas a la privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito y ubicados e incautados no sólo en territorio nacional, sino en el extranjero.
