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El presidente hondureño defiende las zonas económicas criticadas por varios sectores

  • 16 junio 2021 /

Hoy se entregó el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para la creación de Tribunales Especiales.

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este miércoles que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), que diversos sectores adversan porque consideran que el país cederá soberanía a extranjeros, crearán miles de empleos.

'Honduras lo que necesita son empleos y hoy, con este instrumento, decimos a los inversionistas que aquí está Honduras para poder colocar esas inversiones, esto es una realidad y estamos cosechando el trabajo de hace muchos años', dijo Hernández al entregar a representantes de las Zede el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para la creación de Tribunales Especiales y el decreto legislativo que reforma la Ley del Impuesto sobre Ventas para su aplicación en esas zonas.

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La instalación de las Zede, que en Honduras también han venido siendo promovidas como 'ciudades modelo', fue aprobada en 2013, durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo, cuando el titular del Parlamento era Juan Orlando Hernández.

A la ceremonia asistieron, además de Hernández, el delegado presidencial del Consejo Directivo Honduras 2020, Arnaldo Castillo; el secretario técnico de las Zonas de Empleo, Guillermo Peña, y el inversionista de Agroalpha, Víctor Wilson, entre otros empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.

El gobernante señaló que aunque exista debate, lo que calificó de normal, se debe recordar que 'dos Cortes Supremas y dos Congresos Nacionales han enviado un mensaje fuerte y claro de que las Zonas de Empleo son constitucionales para generar empleo y atraer inversiones'.

'A todos los que hablan de constitucionalidad, de ilegitimidad y otros asuntos, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todo está dentro de los parámetros constitucionales; ahora pongámonos a trabajar porque lo que necesitamos son empleos', expresó el mandatario, cuyo segundo mandato concluirá el 27 de enero de 2022.

Hernández también negó que las Zonas de Empleo servirán para que los inversionistas no cumplan con sus obligaciones fiscales o se conviertan en refugios de personas que no quieren afrontar la justicia, en respuesta a diversos sectores que se han expresado en ese sentido y no descartan que el presidente termine viviendo en una Zede.

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'No es cierto que no se van a pagar impuestos y tampoco es cierto que aquí se van a meter algunas personas que quieren evadir la justicia. Ya sabemos que no es cierto porque allí está la Corte Suprema de Justicia', expresó el presidente.

La Corte Suprema de Justicia aprobó el lunes, por mayoría de votos, establecer una jurisdicción especial que le da luz verde a las Zede en el país centroamericano, de 9,5 millones de habitantes, de los que el 70 % son pobres, lo que diversos sectores también han cuestionado y han venido haciendo llamamientos al Parlamento para que derogue el decreto mediante el cual se autorizó su creación.

Los sectores que cuestionan las Zede aducen que serían pequeños estados, con su propias leyes, dentro del Estado de Honduras, que perderá soberanía en esos territorios.

Antes de que el Supremo aprobara la jurisdicción especial para las Zede, el Parlamento hondureño, en el que tiene mayoría el gobernante Partido Nacional, aprobó reformas a leyes tributarias relativas al pago del Impuesto Sobre Ventas en las Zonas de Empleo, con lo que, además, según diputados oficialistas, se promueve la inversión en el país.

El exfiscal general del Estado Ángel Edmundo Orellana dijo el martes que quienes están cediendo a extranjeros parte del territorio hondureño para la instalación de las Zede, son unos 'traidores a la patria'.

Además, según Orellana, con la resolución del Supremo, del lunes, 'ya no hay nada que hacer' ante la justicia, porque ese poder del Estado 'cerró sus puertas para los reclamos patrios' para que desaparezcan las Zede.

Orellana y otros sectores, entre ellos empresarios y políticos de la oposición, o instituciones como el Consejo Nacional Anticorrupción y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no solo exigen la derogación del decreto que autorizó la instalación de las Zede, sino que también consideran que la única opción que queda será un nuevo Parlamento, en el que el Partido Nacional no sea mayoría.

Maribel Espinoza, candidata a diputada por el Partido Salvador de Honduras, expresó el martes que “la gravedad de lo que ha sucedido en la Corte Suprema de Justicia pone en precario el estado de derecho en el país, al haberse creado esta figurará que está prohibida en la ley', y que 'por eso les digo, solo nos queda la desobediencia civil”.