San Pedro Sula, Honduras.
Pesea a las críticas, hasta de Paul Michael Romer, Nobel de Economía 2018, el Gobierno instala las primeras Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) que, operativa y legalmente, se convertirán en ciudades-estado en detrimento de la soberanía territorial, la competitividad de la empresa privada hondureña y el sistema democrático.
El debate sobre las Zede afloró entre los políticos la semana pasada cuando diputados del Partido Nacional aprobaron las Normas para regular las relaciones fiscales y aduaneras entre las entidades competentes del Estado de Honduras y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede); sin embargo, este decreto es la cáscara que envuelve la médula de un sistema agresivo que, desde el punto de vista de los críticos, llevará al país a la balcanización, y, según los defensores, convertirá a esta nación centroamericana en un Mónaco o Singapur tropical.
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La Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), aprobada en 2013, no da un margen a la duda sobre las intenciones de este proyecto económico: claramente establece que cada Zede tendrá “sus propios órganos de seguridad interna (...), incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario (artículo 22), “sujetas a una jurisdicción especial y contarán con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva en todas las instancias sobre las materias que no estén sujetas a arbitraje obligatorio (artículo 14)”.
Los jueces y magistrados de órganos jurisdiccionales estarán integrados por profesionales, pueden ser hondureños o extranjeros, que acrediten experiencia en la aplicación del derecho anglosajón (artículo 17) y “deben ejercer sus funciones de manera independiente, libre de cualquier interferencia”.
Tienen la facultad de dictar penas a quienes “pretendan interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional (artículo 19).
En estas zonas, “los juicios en materia penal (…) podrán decidirse por jurado (artículo 18).
Estas ciudades tendrán “un régimen financiero independiente”, los ingresos financieros los utilizarán para sus propios fines; deben mantener un equilibrio fiscal, evitar el déficit, mantener el presupuesto en consonancia con la tasa de crecimiento de su producto interno bruto (artículo 23) y no estarán sometidas al control cambiario del Banco Central de Honduras (BCH); están facultadas para tener una política monetaria interna (artículo 30).
Miniestados
Para Ricardo Castañeda Ancheta, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) para El Salvador y Honduras, “esto es privatizar territorio y crear miniestados dentro de un Estado, donde las autoridades, que no serán electas, sino impuestas, pondrán las leyes del juego” y a esta excesiva concesión se suman las exoneraciones fiscales que “no generan empleo de calidad y no logran un detonante en el desarrollo”.“Nosotros desde el Icefi hemos señalado en reiteradas ocasiones que es un error pensar que con dispensar impuestos van a atraer inversión y van a generar empleos.
Es una política del siglo pasado y cuyos resultados no se han visto a la luz. La Secretaría de Finanzas publicó el año pasado un estudio en el que evalúa tres regímenes diferentes de exenciones y en los tres concluye que los costos son más altos que los beneficios”, dijo.
Castañeda Ancheta advierte que en un contexto de crisis económica y profundización de pobreza extrema, en la cual ha caído el país, “se va a perpetuar una desigualdad enorme, en la que un pequeño grupo no va a pagar impuestos, pero el resto de la población sí tendrá que cargar con esos costos y, además, habrá un incremento de emigración”.
De esta manera, “generan un problema para las finanzas públicas puesto que el Gobierno no logra obtener recursos para resolver problemas estructurales que sí atraen inversión y desarrollo”.
Las Zede no responden a las necesidades de la realidad, dice Castañeda Ancheta.
Los informes sobre la competitividad de las economías del mundo, como Doing Business del Banco Mundial (BM) y otros estudios basados en encuestas a empresarios, indican que los inversionistas no toman en cuenta en primera instancia las exoneraciones fiscales, sino “la estabilidad política, respeto al Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, educación de calidad, un mercado interno capaz de adquirir los productos”.
Competencia desleal
Para Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), el Congreso Nacional debe revisar la Ley de las Zede porque, al conceder “excesivos beneficios fiscales contra el principio de generalidad”, promueven la competencia desleal en detrimento de las empresas del país.“Vemos que están dando beneficios fiscales y de otra índole a empresas de inversión extranjera o nacional. Lo que nosotros ponemos en el tapete de discusión es por qué no les dan esas ventajas a las empresas que tienen muchos años de estar luchando para lograr y generar empleo y riqueza en el país.
Creemos que si hay que crear un clima de negocios atractivo para la inversión debe hacerse en forma general.
La mayoría de empresas estamos solicitando que se revisen las tasas impositivas a la baja porque necesitamos que sean rentables para los hondureños para generar trabajo”, dijo.
Medina recordó “que la ley original decía que las Zede las iban a hacer en lugares donde había baja densidad poblacional y en los lugares donde hay alta densidad harían un plebiscito; pero hasta ahora ningún hondureño ha visto o ha tenido noticias de que hayan celebrado plebiscito en Roatán, La Ceiba, Choloma y Choluteca”. “Consideramos que es necesario revisar la ley.
Algunos abogados han hablado de interponer recursos de inconstitucionalidad”, señaló.
La llegada de las Zede preocupa a todos los empresarios nacionales porque ponen en precario la tenencia de la tierra en todo el territorio.
Las Zede, cuando consideren necesario para su desarrollo o expansión (artículo 28) podrán, por medio del Estado, expropiar los bienes de terceros en caso de que presentaran oposición a la venta o asociación (artículo 26).
Para el economista Melvin José Ferraro, analista de políticas públicas, egresado de la Universidad de Illinois Oriental de Estados Unidos y de la Escuela de Negocios EADA de Barcelona, España, la expropiación y todos los temas contenidos en la ley “no han sido consensuados con los diferentes actores de la sociedad civil, no han sido suficientemente discutidos y eso lo único que trae es incertidumbre”.
“Pongámonos a pensar en la población de Roatán. Ellos no saben si van a ampliar la Zede y si los van a expropiar de las tierras. No saben sobre qué pasará con lo que han trabajado o invertido durante muchos años.
Obviamente, la interpretación de estos artículos pone en zozobra a la población.
No existe una claridad jurídica, no hay una base para que le gente tenga tranquilidad de que las Zede vienen a dar buenos resultados”, añadió Ferraro, quien considera que estas zonas especiales han funcionado exitosamente en otros países, pero en este país “por falta de credibilidad en el sector público, la población no confía”.
A criterio de Ferraro, “tener una propia política monetaria implica que las Zede tendrán su propia moneda, su propia balanza comercial, su propio banco central, sobre eso no tengo claridad y no estoy de acuerdo.
Las Zede deberían mantenerse con una política monetaria unificada como lo tiene el país, el Banco Central debe rectorar la política monetaria”, señaló.
Ferraro citó como ejemplo que Buenos Aires, Argentina, y Ciudad de Panamá “tienen un distrito financiero con regímenes especiales que no son venta de soberanía nacional, son regímenes especiales para que los empresarios, emprendedores, puedan invertir y generar empleo”.
A favor
Jorge Constantino Colindres, consultor empresarial y analista de políticas públicas, defiende los diferentes regímenes de exoneración porque generan “más de 200,000 empleos” y está seguro que las Zede desarrollarán la economía hondureña.“Las Zede son positivas desde la perspectiva de atracción de inversión, generación de empleo y fortalecimiento de la institucionalidad. Las Zede nos introducirán mejores prácticas que podemos replicar en el resto del país”, destacó.
Para que las Zede operen, según Colindres, deben contar, no solo con la exoneración fiscal, sino con autoridades propias y su política de seguridad, una policía independiente, porque, por ejemplo, en Honduras “la criminalidad ocasiona un alto costo para los negocios”.
Colindres plantea que los artículos concernientes a las expropiaciones “no deben estar en la ley”, pero aclara que “la facultad de expropiación del Estado de Honduras es de nivel constitucional.
Ya está la Ley de Reforma Agracia, con la cual estoy en desacuerdo también”, puntualizó.
| Romer: “Hay una cantidad infinita de mentiras en las Zede”
El reconocido economista norteamericano Paul Michael Romer, quien intentó durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa desarrollar las ciudades modelo en Honduras, advierte que el actual sistema de Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) es antidemocrático, está destinado al colapso y envuelto en “en mentiras”.
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