Tegucigalpa, Honduras.
Miembros de la Unidad Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público constataron al menos 30 denuncias de traslados electorales irregulares.
La jefa de esta unidad de la entidad acusadora del Estado, Miriam García, llegó ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Andamos investigando sobre algunas denuncias que conocemos a fin de continuar las indagaciones de todas las denuncias interpuestas en los municipios de Francisco Morazán”, informó.
La fiscal indicó que hay notificaciones de estos actos ilícitos al interior del país y que solo en la capital se reporta una treintena de denuncias. A inicios de este año, el TSE anuló diez mil trámites de actualizaciones domiciliarias, donde unas 25 corporaciones municipales están señaladas por haber extendido constancias de vecindad de forma irregular.
García detalló que “la investigación nos va a arrojar qué ilícito se ha configurado; puede ser falsificación de documentos públicos, y la pena va de tres a nueve años”.
“Las indagaciones pueden implicar a empleados del órgano electoral y del Registro Nacional de las Personas (RNP), hasta ciudadanos que se prestan para hacer cambios de domicilio que no les corresponde”. Aseguró que en caso de encontrar culpabilidad en un funcionario, este recaería en abuso de autoridad.
Miembros de la Unidad Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público constataron al menos 30 denuncias de traslados electorales irregulares.
La jefa de esta unidad de la entidad acusadora del Estado, Miriam García, llegó ayer al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Andamos investigando sobre algunas denuncias que conocemos a fin de continuar las indagaciones de todas las denuncias interpuestas en los municipios de Francisco Morazán”, informó.
La fiscal indicó que hay notificaciones de estos actos ilícitos al interior del país y que solo en la capital se reporta una treintena de denuncias. A inicios de este año, el TSE anuló diez mil trámites de actualizaciones domiciliarias, donde unas 25 corporaciones municipales están señaladas por haber extendido constancias de vecindad de forma irregular.
García detalló que “la investigación nos va a arrojar qué ilícito se ha configurado; puede ser falsificación de documentos públicos, y la pena va de tres a nueve años”.
“Las indagaciones pueden implicar a empleados del órgano electoral y del Registro Nacional de las Personas (RNP), hasta ciudadanos que se prestan para hacer cambios de domicilio que no les corresponde”. Aseguró que en caso de encontrar culpabilidad en un funcionario, este recaería en abuso de autoridad.
