Tegucigalpa, Honduras.
El decreto que contiene la reforma al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el que se proponía eximir del pago de ese impuesto a los trabajadores que ganan menos de L15,087, fue vetado por el Poder Ejecutivo.
La normativa fue aprobada el 17 de diciembre de 2015 con el objetivo de ampliar la base exenta de 110,000 a 141,053 lempiras anuales.
Ayer fue vetado por dos razones: una por el sacrificio fiscal del Estado de 2,300 millones de lempiras y segundo porque no podrán hacerles frente a las obligaciones que tiene con los programas de educación, salud y el pago de empleados públicos.
Ramón Hernández Alcerro, coordinador de Gobierno, anunció ayer que el decreto será regresado al Congreso Nacional con un veto, “ya que no corresponde a las negociaciones que se dieron en la cámara legislativa el año pasado, ya que afectaría demasiado y de manera muy significativa a las finanzas públicas”.
El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, justificó que el impacto se había computado en 812 millones de lempiras, pero al final se observó que va más allá de los L2,300 millones.
El funcionario agregó que el 27 de octubre del año pasado la Secretaría de Finanzas emitió un dictamen del impacto que ocasionaría la reforma.
“El Estado tiene la capacidad de absorber esos ingresos de L812 millones producto de una reducción en los gastos operativos”, señaló Cerrato.
El decreto que contiene la reforma al artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en el que se proponía eximir del pago de ese impuesto a los trabajadores que ganan menos de L15,087, fue vetado por el Poder Ejecutivo.
La normativa fue aprobada el 17 de diciembre de 2015 con el objetivo de ampliar la base exenta de 110,000 a 141,053 lempiras anuales.
Ayer fue vetado por dos razones: una por el sacrificio fiscal del Estado de 2,300 millones de lempiras y segundo porque no podrán hacerles frente a las obligaciones que tiene con los programas de educación, salud y el pago de empleados públicos.
Ramón Hernández Alcerro, coordinador de Gobierno, anunció ayer que el decreto será regresado al Congreso Nacional con un veto, “ya que no corresponde a las negociaciones que se dieron en la cámara legislativa el año pasado, ya que afectaría demasiado y de manera muy significativa a las finanzas públicas”.
El secretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, justificó que el impacto se había computado en 812 millones de lempiras, pero al final se observó que va más allá de los L2,300 millones.
El funcionario agregó que el 27 de octubre del año pasado la Secretaría de Finanzas emitió un dictamen del impacto que ocasionaría la reforma.
“El Estado tiene la capacidad de absorber esos ingresos de L812 millones producto de una reducción en los gastos operativos”, señaló Cerrato.
Propuesta
Miriam Guzmán, titular de la DEI, anunció que para cumplir con el compromiso de beneficiar a los que menos ganan, la DEI hará más eficaz su labor para cubrir los ingresos que dejará de percibir por eximir al primer tramo exento del ISR. Es decir, que la tabla no será progresiva, sino que solo se ampliará la primera escala, que sería hasta 141,053 lempiras anuales. Estas es la propuesta del Ejecutivo. La base exenta actual es de 116,000.
Esto beneficiaría a los asalariados o microempresarios que devenguen menos de 15,083 lempiras mensuales y los que perciben más de esa cantidad seguirán pagando igual al fisco.
Asalariados
La ampliación del ISR para las personas naturales había originado grandes expectativas por el impacto positivo que tendría en las finanzas de los asalariados, así como de pequeños y medianos empresarios.
De acuerdo con cifras extraoficiales, la ampliación de la base exenta de 110,000 a 141,053 lempiras tendría un impacto directo en 95,000 asalariados al quedar fuera del pago de ese tributo. Esa cantidad de empleados públicos y privados son los que están en la categoría de salario entre 12,500 y 15,087.75 lempiras mensuales, con ingresos anuales que van de 150,000 a 181,053 lempiras.
Fuentes extraoficiales explicaron que el número de beneficiarios sería mayor porque la ampliación de la base exenta favorecería a todo aquel asalariado que gana más de 12,500 lempiras al mes.
Gabriela Núñez, diputada del Partido Liberal y quien mocionó la reforma al artículo de la ley, lamentó mucho que se haya vetado “el decreto donde se le daba un respiro económico a los trabajadores”.
José Baquedano, dirigente obrero, señaló que “la DEI ha quintuplicado los ingresos porque solo quita y el pueblo no recibe beneficios”.
“Esto les daba un beneficio a los asalariados que menos ganan, lo mismo a los microempresarios. No están pensando en la mayoría, porque se les hace más daño a las familias”, dijo Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
