El Ejecutivo confirmó el veto que había emitido en torno al decreto que aumentaba el techo de las exoneraciones al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En Casa de Gobierno, el ministro de Finanzas y a la vez coordinador del Gabinete Económico, Wilfredo Cerrato, explicó que la razón para esta determinación es que el proyecto presentado por el Congreso Nacional para su sanción por el presidente Juan Orlando Hernández contenía disposiciones diferentes a las planteadas inicialmente en el proyecto de decreto.
Cerrato precisó que en su condición actual, la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta (con lo que se convierte en ley) implica un sacrificio fiscal de al menos 2,300 millones de lempiras lo que podría suponer una carga muy pesada sobre las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el diputado Francisco Rivera, había adelantado que cuando se acordó la reforma “el impacto (fiscal) era de 812 millones de lempiras y ante esa circunstancia que ocasiona a las finanzas públicas, no es posible, es inmanejable para el Estado”, sentenció.
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Rivera explicó que ante el veto presidencial, hay dos caminos a seguir: replantear el decreto de ley o reunir los votos de una mayoría calificada en el Congreso (86) para aprobarlo tal como está. El diputado agregó que el Ejecutivo enviará una contrapropuesta al Congreso en el sentido de que el sacrificio fiscal no supere los 812 millones de lempiras.
Por otra parte, la diputada Gabriela Núñez (del Partido Liberal), quien desde un principio apoyó la reforma, dijo que antes de la aprobación en el pleno del Congreso se hicieron las consultas tanto con el ministro de Finanzas como con la titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), los cuales dieron su visto bueno a la reforma. “Hemos actuado apegados a la ley y lo que buscamos es que haya justicia tributaria y que los impuestos a los salarios de los trabajadores sean disminuidos”, declaró Núñez.
La reforma parte de un decreto (140-2008) que disponía que las tablas de exoneraciones del ISR serían revisadas cada cinco años a fin de ajustarlas a la inflación acumulada durante ese lustro. Sin embargo, en la práctica, la DEI aplicó el ajuste al final del quinquenio tomando en cuenta únicamente la inflación del último año y no la acumulada durante todo el período, motivando en parte la formulación de una reforma que finalmente fue aprobada en el mes de diciembre pasado.
