La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, lanzó fuertes críticas contra el Partido Libre, luego de que la empresa, que realizó el peritaje sobre los polémicos audios divulgados por el Ministerio Público, reconoció que fue contratada por el oficialismo.
La congresista calificó la situación como un “tiro por la culata” y afirmó que Libertad y Refundación “cada día encuentra una forma diferente de hacer el ridículo”.
Mejía aseguró que la “operación” promovida por Libre tenía como objetivo afectar a dos figuras de oposición, pero que terminó generando un efecto contrario.
Según la legisladora, lo ocurrido representa “la caballada más monumental del año” y evidencia fallas internas del partido en el poder.
La congresista también cuestionó la supuesta participación de “expertos” vinculados, según dijo, a Casa Presidencial.
Señaló que estos llegarían “con el dictamen listo” y criticó que fueran presentados como árbitros imparciales, calificando la situación como un intento fallido del oficialismo.
En su mensaje, Mejía ironizó sobre el esfuerzo del partido gobernante, asegurando que “fallaron rápido” y que el episodio reflejaría, a su juicio, improvisación y falta de estrategia política por parte de Libre.
La diputada concluyó su declaración afirmando que faltan “12 días” para que el partido oficialista deje el gobierno, mensaje con el que reiteró su postura de que Libre no volverá al poder una vez finalice su mandato.
Empresa admite que fue contratada por Libre
La conferencia convocada este miércoles por la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC) terminó en medio de confusión y molestia entre la prensa, luego de que su representante, Jeison Villamil, afirmara que los audios atribuidos a la consejera Cossette López, al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a un militar corresponderían a “voces naturales”, pero se negara a responder a preguntas de los periodistas.
PTC confirmó públicamente que fue contratada por el partido Libertad y Refundación (Libre) para realizar el peritaje al material que previamente había sido entregado al Ministerio Público por el consejero Marlon Ochoa.
