Tegucigalpa, Honduras.
Entre gritos y empujones se realizó ayer la audiencia de declaración de imputado en contra de Roosevelt Avilés, exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, acusado por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
La audiencia se hizo en los juzgados de ese municipio. El exalcalde llegó a los juzgados acompañado de al menos 30 personas, igual número de talangueños se presentaron en apoyo a Denis Varela, quien fue el que denunció los presuntos actos de corrupción en esa alcaldía, que se ha visto salpicada en los últimos días tras la detención del alcalde Neftalí Romero, acusado por sus nexos con la MS-13.
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, dijo que la investigación comenzó en 2014, luego de recibir la denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de elección de la junta directiva de los comuneros (junta de tierras que se encarga de los terrenos ejidales, nacionales y privados en el municipio).
En el requerimiento también se acusó a Rafaela Aisquel Valladares, exsecretaria municipal. Al finalizar la audiencia, el juez dictó a los acusados las medidas sustitutivas a la detención judicial. Avilés aseguró que las acusaciones en su contra fueron impulsadas por “adversarios políticos”.
Entre gritos y empujones se realizó ayer la audiencia de declaración de imputado en contra de Roosevelt Avilés, exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, acusado por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
La audiencia se hizo en los juzgados de ese municipio. El exalcalde llegó a los juzgados acompañado de al menos 30 personas, igual número de talangueños se presentaron en apoyo a Denis Varela, quien fue el que denunció los presuntos actos de corrupción en esa alcaldía, que se ha visto salpicada en los últimos días tras la detención del alcalde Neftalí Romero, acusado por sus nexos con la MS-13.
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, dijo que la investigación comenzó en 2014, luego de recibir la denuncia por presuntas irregularidades en el proceso de elección de la junta directiva de los comuneros (junta de tierras que se encarga de los terrenos ejidales, nacionales y privados en el municipio).
En el requerimiento también se acusó a Rafaela Aisquel Valladares, exsecretaria municipal. Al finalizar la audiencia, el juez dictó a los acusados las medidas sustitutivas a la detención judicial. Avilés aseguró que las acusaciones en su contra fueron impulsadas por “adversarios políticos”.
