El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, expresó su respaldo al recuento voto por voto, siempre y cuando se realice conforme a la normativa electoral vigente y dentro del marco constitucional.
“Manifiesto mi total respaldo al recuento voto por voto, pero esto debe ser conforme a la normativa electoral vigente, porque los derechos y garantías se defienden única y exclusivamente con base en la Constitución y la Ley”, afirmó Solórzano.
El titular del CAH advirtió que cualquier acción que se realice fuera del marco legal para interrumpir el proceso electoral o la declaratoria de resultados representa un atentado contra la democracia.
“Actuar fuera del marco legal para interrumpir el proceso electoral o la declaratoria equivale a socavar la democracia”, señaló, al tiempo que explicó que esto implica debilitar y obstaculizar el funcionamiento de instituciones como el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Solórzano alertó que este tipo de conductas puede acarrear consecuencias graves, tanto en el ámbito interno como en la imagen internacional del país.
“Esto tiene consecuencias severas, que van desde acusaciones de tipo penal, así como el daño a la imagen del país frente a la comunidad internacional y que puede traer serias sanciones diplomáticas, en donde todos perdemos”, advirtió.
Asimismo, enfatizó que la ley no admite interpretaciones arbitrarias y que debe cumplirse de manera estricta por todos los actores políticos.
“La ley no es susceptible de interpretaciones caprichosas; está para cumplirse”, subrayó, al insistir en que los señalamientos de fraude deben sustentarse con pruebas.
En ese sentido, recalcó que cualquier denuncia debe presentarse ante las instancias competentes y con los elementos probatorios correspondientes.
“Los señalamientos de fraude deben acreditarse con pruebas sólidas y presentarse ante las instancias competentes”, afirmó.
Finalmente, el presidente del CAH llamó a defender la democracia a través del respeto a la legalidad y rechazó acciones que promuevan el caos o paralicen el funcionamiento institucional.
“Defender la democracia es respetar la legalidad, no promover el caos e impedir el normal funcionamiento de las instituciones”, concluyó, advirtiendo que una ruptura del orden institucional y constitucional tendría responsables claramente identificables.
