La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción ordenó revocar la medida cautelar distinta a la prisión preventiva impuesta a un exfuncionario de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H).
Se trata de Héctor Antonio Herrera Flores, exasesor legal y administrador de contratos de Invest-H, a quien el Ministerio Público (MP) acusa por los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios, al estar presuntamente involucrado en la compra fraudulenta de los hospitales móviles durante la pandemia de la covid-19.
El tribunal de alzada, por unanimidad de votos, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y anuló la resolución de primera instancia que había otorgado a Herrera el beneficio de defenderse en libertad.
Debido a ello, se ordenó al Tribunal de Sentencia restituir la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que “para los magistrados (de la Corte de Apelaciones), la acusación formulada involucra delitos de alto impacto, relacionados con corrupción pública y perjuicio económico al Estado, cuya cuantía supera los mil millones de lempiras”.
Tomando en cuenta la gravedad de la pena potencial, la magnitud del daño y la trascendencia del caso en términos de interés público, el tribunal consideró que las medidas sustitutivas a la cárcel no eran procedentes.
Con esas valoraciones, la Corte de Apelaciones determinó que la prisión preventiva sigue siendo proporcional, idónea y necesaria hasta que concluya el juicio, a fin de proteger los fines del proceso y garantizar la comparecencia del acusado.
El requerimiento fiscal detalla que Héctor Antonio Herrera Flores tuvo participación como cooperador necesario en la compra irregular de siete hospitales móviles que servirían para atender a pacientes afectados por la covid-19 durante la emergencia sanitaria.
Los hospitales contenedores fueron adquiridos por un valor de 47,512,564 dólares, equivalentes a 1,174,517,764.33 lempiras, pero nunca funcionaron para el propósito que fueron comprados, ocasionando graves perjuicios económicos al Estado de Honduras.
