Varios exfuncionarios, acusados por fraudulenta compra de siete hospitales móviles, se presentaron a los tribunales en la tarde de este jueves después que giraran órdenes de capturas.
En juzgado penal fueron presentados en la audiencia de declaración de imputado Héctor Antonio Herrera y Carlos Luis Guevara por fraude y violación a los deberes de los funcionarios; y Daniel Antonio Ardón acusado de fraude.
El Ministerio Público presentó una acusación en contra de exfuncionarios, entre ellos las exministras de Finanzas, Rocío Tabora, y de Salud, Alba Consuelo Flores, por la compra de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía, por 47.5 millones de dólares.
En un comunicado, el Fiscal General del Estado, Johel Zelaya, indicó que la acusación fue presentada este miércoles en el juzgado anticorrupción y denunció que el requerimiento fiscal (acusación) por este caso “sospechosamente estuvo guardado por mucho tiempo”.
Señaló que las exministras de Salud y de Finanzas, Rocío Tabora, así como la exviceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, están “prófugas de la justicia”, por lo que solicitó a las autoridades ordenar su captura y emitir alertas internacionales.
El Fiscal General Interino aseguró que “se respetará el principio de inocencia y el debido proceso”.
Entre marzo y abril de 2020 el Gobierno hondureño compró los hospitales a través de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) con el guatemalteco Axel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, para atender la pandemia.
Axel López tiene una orden de captura con alerta roja internacional desde abril de 2021, y es sindicado de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario.
Condenados por hospitales móviles
El exdirector de Invest-H Marco Bográn fue condenado en 2022 a 10 años y 11 meses de cárcel por fraude agravado en la compra de 7 hospitales móviles.
El fiscal general anunció la destitución del director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), Ricardo Castro, y la subdirectora, Kenia Recondo; y el jefe de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción, Antonio Morales, para que haya “un mejor proceso de investigación e imputación penal y evitar errores”.
“Reitero una vez más al pueblo hondureño que mi política de trabajo va orientada a impulsar sin dilataciones y totalmente imparcial todos los casos que se encuentran en impunidad, cumpliendo así lo dispuesto en la Ley del Ministerio Público, donde se establece que somos la institución que trabaja en la representación, defensa el principio de inocencia y el debido proceso”, enfatizó.
Dijo, además, que ordenó a la Fiscalía para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia iniciar de oficio investigaciones contra el personal de algunas unidades y agencias del Ministerio Público para aplicar posteriormente procedimientos disciplinarios y administrativos en contra de investigadores que estarían “permitiendo la fuga” de las imputadas.
El jefe del Ministerio Público comunicó la creación de un equipo multidisciplinario, conformado por fiscales, investigadores y peritos financieros, con el fin de fortalecer la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) y agilizar los procesos investigativos paralizados.
Johel Zelaya fue designado de forma unánime el 1 de noviembre como fiscal general por la Comisión Permanente del Parlamento de Honduras, que también nombró a Mario Morazán como fiscal adjunto, ambos de manera interina.
La elección de los nuevos fiscales ha causado enfrentamientos entre simpatizantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) y los partidos de oposición, que suman 72 de 128 diputados.
Los nuevos fiscales debieron haber asumido el pasado 1 de septiembre, pero no fue posible por la falta de consenso entre las principales fuerzas políticas del Parlamento, en el que Libre solo cuenta con 52 votos de los 86 que se requieren como mayoría calificada. EFE
