Mientras el oficialismo sigue sin poder conciliar en el Congreso Nacional, la oposición se mantiene firme sesionando a través de autoconvocatorias en partes del hemiciclo que no son las habituales.
“Considero que está viva la oposición. Si este fuera un país de leyes, donde se cumplieran irrestrictamente las leyes, funcionaría la mayoría que tiene la oposición”, dijo Juan Carlos Barrientos, abogado especializado en temas constitucionales.
Durante la sesión extraordinaria de ayer, 72 diputados opositores desconocieron el nombramiento de Johel Zelaya y Mario Morazán de forma interina como fiscal general y fiscal adjunto, respectivamente.
" Si este fuera un país de leyes, donde se cumplieran las leyes, funcionaría la mayoría. "
Esta cuestionada elección fue realizada por una comisión permanente integrada por apenas nueve diputados, cuando se necesita una mayoría de 86 votos.
Además, durante la sesión, los 72 diputados nombraron una comisión especial para realizar gestiones a nivel nacional e internacional (con organismos como la OEA, la ONU y la CIDH) con el fin de “restablecer el orden constitucional”, que consideran alterado por la junta directiva.
Asimismo, se aprobó la moción para interpelar al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, (por las agresiones que sufrieron los diputados nacionalistas el 31 de octubre), y al titular de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (Enag), Edis Moncada, por la publicación en La Gaceta de los nuevos fiscales interinos del Ministerio Público.
Oposición unida
Más allá de que los opositores están obligados a sesionar en partes del Congreso que no es el salón habitual, los analistas coinciden que sus acciones muestran que desconocen las determinaciones tomadas por la comisión permanente que lidera Luis Redondo.
“Todas las resoluciones que ellos (comisión permanente) tomen son ilegales. Incluso, la elección que hicieron en el Ministerio Público sigue siendo ilegal; este pleno del Congreso reconoce al abogado Sibrián Bueso como el fiscal general en funciones por ley en el Ministerio Público”, enfatizó Nelson Márquez, diputado del Partido Nacional.
" ¿Cuántas veces más se va a repetir este proceso donde una minoría se impone a una mayoría? "
“No nos podemos quedar con los brazos cruzados ante los atropellos cometidos por la seudo comisión permanente. Las sesiones (de la oposición) del Congreso Nacional son legales porque las habilitó el pleno, que es la máxima autoridad”, añadió.
“Hoy, las tres fuerzas de oposición se han unido, y lo que estamos peleando es el respeto a la Constitución”, dijo por su parte Carlos Umaña, del PSH.
El presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, comentó que la sesión extraordinaria realizada por las tres fuerzas de oposición es un acto patriótico “en defensa de la democracia”.
Sin embargo, para el diputado Ramón Flores, del gobernante partido Libertad y Refundación, “todo lo que ha hecho (la comisión permanente) es con base en la Constitución y las leyes”, en referencia al nombramiento de Johel Zelaya y Mario Morazán como fiscales interinos del Ministerio Público.
“¿Hasta dónde quieren llegar si saben que no van a poder publicar en el diario oficial La Gaceta ningunos de los decretos que, de manera arbitraria, quieren aprobar”, preguntó Mario Portillo, otro congresista de Libre.
El control de la Enag
No obstante, para Raúl Pineda Alvarado, analista político, no es determinante el control de la Enag, porque la oposición tiene la opción de publicar en cualquier medio de difusión masiva.
Alvarado expresó que las ilegalidades que ha cometido el oficialismo del Congreso han sucedido “porque ese ha sido el método de ellos”.
“La mayoría no puede tomar decisiones en el Congreso, y eso ya hay que verlo como una política del gobierno: se eligió una directiva del Congreso que no contó con la mayoría; se nombró un fiscal en contra de la voluntad de la mayoría”, señaló.
“¿Cuántas veces más se va a repetir este proceso donde una minoría se impone a una mayoría?
“Esto refleja que nosotros ya abandonamos el modelo de una democracia primaria en transición y nos encaminamos aceleradamente a un régimen de poder donde el poder y la fuerza se imponen a la ley”, puntualizó.
Acciones encaminadas al vacío
Pese a las autoconvocatorias que derivan en sesiones extraordinarias por parte de la oposición, sus acciones “no quedarán en nada” porque no serán publicadas en La Gaceta, aseguró el abogado Barrientos, especialista en temas constitucionales.
“No sirve de nada que se estén aprobando cosas si no aparecen publicadas en La Gaceta. Desgraciadamente La Gaceta depende directamente de la presidenta de la república; ahí no publican nada si la presidenta no lo ordena”, comentó.
Ante este contexto en el que la oposición (más de 70 congresistas) aprueba acciones en sesiones extraordinarias, mientras la comisión permanente del Congreso, integrada por nueve diputados, resuelve sin los votos necesarios, es importante reformar la Constitución, planteó.
“Se necesita una modificación a la Constitución porque la Presidenta acata lo que le manda la comisión permanente de nueve diputados, pero no acata lo que le manda la mayoría parlamentaria”, destacó.
“El problema es que la mayoría parlamentaria seguirá haciendo sesiones y va a seguir siendo un efecto mediático porque la presidenta no lo va a publicar”, agregó.
De seguir esta problemática, según el analista, podría romperse el orden constitucional, una situación que afectaría en todos los niveles a la nación.
Empero, dijo Barrientos, una de las alternativas para salir de la crisis parlamentaria es esperar a enero de 2024, cuando se tiene que elegir la junta directiva del Congreso Nacional, como ocurre en cada legislatura, comprendida entre un año y otro.
“Si la oposición se amarra los pantalones podría quedarse con todos los puestos, menos el del presidente del Congreso, aunque (Luis) Redondo no ha sido electo legítimamente, fue de manera ilegal”, estimó.
“Podría darse la coyuntura de que también lo quiten a él (Luis Redondo) por estar puesto de manera ilegal, pero vamos a ver qué comportamiento va a tener la presidenta de la república”, expresó.
Cadena de conflictos
A fines de agosto pasado terminó el ciclo de cinco años (2018-2023) del exfiscal Óscar Fernando Chinchilla, pero el Congreso no se pudo poner de acuerdo para escoger a su sucesor.
Durante ese lapso quedó en su puesto Daniel Sibrián, quien era el fiscal adjunto.
Pese a los nombramientos interinos del oficialismo, Sibrián se presentó al recinto del Ministerio Público, pero fuerzas de la seguridad nacional le impidieron el ingreso.
Acciones
- Se aprobó moción para interpelar al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ante la permisividad por las agresiones que recibieron los diputados de la oposición el pasado 31 de octubre.
- La oposición también llamó al titular de la Enag, Edis Moncada, a comparecer ante la mayoría parlamentaria por la publicación en La Gaceta sobre los fiscales interinos nombrados por la Comisión.
- Una comitiva comparecerá ante autoridades de la OEA, ONU, CIDH, Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Conadeh y el cuerpo diplomático para denunciar los hechos en el Congreso.
El Congreso, por medio de la comisión permanente, integrada por diputados oficialistas, eligió el 1 de septiembre interinamente al fiscal general y fiscal adjunto, una acción controvertida que ha sido tipificada como antidemocrática.
La imposición ocurrió después de casi dos meses de no celebrar sesiones y luego de que, tras cuatro votaciones, no se lograron los votos requeridos para elegir a los fiscales.
La Constitución hondureña permite a la comisión permanente elegir interinamente, en caso de falta absoluta, los funcionarios que deben ser designados por el Congreso, es decir, no correspondía porque Daniel Sibrián estaba al frente del Ministerio Público.
Para la elección del nuevo fiscal general y del fiscal adjunto se requieren los votos de al menos 86 de los 128 diputados del Congreso, de los cuales, Libre solo tiene 50.
Y mientras la oposición sigue sesionando a través de autoconvocatorias y el oficialismo se mantenga sin respaldo, los hondureño tienen que buscar soluciones a los agobiantes problemas que sufren como el más reciente: inundaciones por el temporal o el desempleo, pobreza e inseguridad.
“Está en desarrollo un golpe de Estado blando”
Tegucigalpa. La bancada del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) denunció ayer públicamente que se está “desarrollando” un golpe de Estado blando contra el Congreso Nacional con el fin de derrocar a la presidenta Xiomara Castro.
“Alertamos al pueblo hondureño que se encuentra en desarrollo un golpe de Estado blando contra el Congreso Nacional, para luego derrocar el gobierno legítimo de la presidenta Iris Xiomara Castro”, dice parte del comunicado.
“El pueblo hondureño debe estar atento a la defensa de la voluntad soberana, expresada contundentemente en las pasadas elecciones”, continúa.
Asimismo, la bancada puntualizó que el diálogo es el instrumento que logrará los consensos entre las fuerzas políticas para elegir al fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público en propiedad.
En otro punto, los congresistas oficialistas plasmaron en el documento su “preocupación” por las declaraciones “injerencistas” por parte de representantes extranjeros y diplomáticos sobre las acciones del gobierno.
