La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mantiene sin resolver dos recursos de amparo interpuestos por la defensa del exjuez Marco Antonio Vallecillo Banegas, acusado de extorsión.
La falta de pronunciamiento ha dejado en incertidumbre su situación jurídica y mantiene en suspenso el fallo sobre su culpabilidad o inocencia.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo reprochó la lentitud con la que la Sala Constitucional tramita los recursos, no solo en el caso de Vallecillo, sino también en el de otros ciudadanos.
“Estamos frente a derechos procesales convencionales y constitucionales sumamente ultrajados, como el derecho al plazo razonable y a una resolución motivada. La Sala de lo Constitucional aún no resuelve los amparos, lo que genera un grado de inseguridad jurídica y vulnera los derechos humanos del exjuez y de cualquier procesado en Honduras”, señaló.
Erazo agregó que la defensa técnica de Vallecillo logró demostrar en juicio que la acusación del Ministerio Público (MP) está basada en pruebas viciadas, “dejando al descubierto que esto fue un montaje indiscutible, con multas aún por esclarecer, que ha expuesto la fragilidad del sistema judicial y del proceso de investigación del país”.
Además, el analista sostuvo que “esto no es solo un problema individual, es un reflejo de cómo funciona el sistema judicial hondureño en casos sensibles. La persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad, y su derecho a una justicia pronta y efectiva debe de ser respetado”.
El abogado Raúl Suazo Barillas, defensor de Vallecillo, confirmó que los amparos interpuestos por violaciones a derechos y garantías constitucionales aún no han recibido respuesta.
Según explicó, uno de los recursos busca cuestionar la calificación del delito imputado y las posibles omisiones de un antejuicio, mientras que el segundo amparo se centra en dictámenes médicos y psicológicos presentados durante el juicio, los cuales evidencian un deterioro en el estado de salud mental y físico del exjuez.
“A pesar de que ya se celebró el juicio oral y público, seguimos a la espera de que la Sala de lo Constitucional emita pronunciamiento para poder continuar con la parte final del proceso”, declaró.
Marco Vallecillo ha negado los señalamientos
Al exjuez Marco Vallecillo se le acusa del delito de extorsión en perjuicio de un testigo protegido, luego de que el Ministerio Público lo señalara de exigir tres millones de lempiras a un empresario a cambio de favores judiciales.
De acuerdo con la Fiscalía, el empresario —identificado como testigo protegido— habría sido contactado por Vallecillo a través de su abogado Reynaldo Leiva Suazo y de un amigo en común, Nelson Omar Sierra.
Por su parte, Vallecillo ha negado los señalamientos y asegura que se trata de una trampa. Afirma que fue el testigo quien le ofreció una compensación tras una reunión concertada con el fiscal general Johel Zelaya.
Un informe jurídico elaborado por la defensa señala supuestas irregularidades en el proceso, entre ellas la ausencia de un antejuicio y “violaciones sistemáticas de derechos humanos”, que —según los abogados— ponen en duda la transparencia y legalidad del caso.
Vallecillo fue capturado el 17 de agosto de 2024 en una gasolinera de la colonia Loarque, en Tegucigalpa, cuando se encontraba dentro del vehículo del testigo protegido.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEFF-SJ) presentó cargos de extorsión contra Vallecillo Banegas, Nelson Omar Sierra y Reynaldo Leiva Suazo.
De los tres procesados, Sierra ya fue condenado a 15 años de prisión, mientras que los otros dos continúan a la espera de una resolución judicial definitiva.
